El nuevo gobierno de Chile trata de mejorar el Transantiago, un monstruoso sistema de transporte público del gran conurbano donde funciona la capital de la República.
Antes, el transporte público metropolitano funcionaba sobre la base de una red de operadores independientes que proveían su servicio según las normas y controles de una oficina del gobierno, no de las autoridades locales de las comunidades que servían.
El régimen de ideología progresista, que debió abandonar la Presidencia en Marzo de 2010, intervino la red para imponer este nuevo sistema y lanzarlo con gran fanfarria en medio de la campaña electoral del 2005, con total prescindencia de la opinión de las autoridades locales e incluso de los operadores.
Las consecuencias no podían ser distintas de lo que finalmente resultó: un atentado devastador a la capacidad de transporte de millones de usuarios, con un espeluznante registro de accidentados y muertos, además de un forado colosal y creciente en la caja fiscal.
Reacción de los responsables
Frente a la debacle, los responsables quisieron justificar el Transantiago como la solución esperada a varios problemas del sistema anterior, no como lo que realmente fue: uno entre varios de los enormes montajes electorales para atraer votos durante la campaña de Michelle Bachelet.
Sin embargo, salvo la mejoría financiera de operadores y conductores, ninguno de esos problemas fue realmente resuelto y, por el contrario, se dio origen a nuevas y graves cuestiones.
La contaminación ambiental de gases y ruido no disminuyó ni tampoco la aglomeración de buses atochando las calles principales. Los delincuentes no asaltan a los conductores, pero asaltan a los pasajeros esta vez a escala industrial. La evasión del pago genera problemas en la caja fiscal, porque no afecta a los operadores. Encima de todo ello, otras ciudades del país han empezado a reclamar fondos equivalentes a los que el gobierno malgasta en el área de Santiago.
Quizá lo más indignante de toda esta calamidad es que los líderes del régimen pasado extorsionan al presente gobierno en el Congreso, condicionando la aprobación de recursos a que en los informes no se mencione la responsabilidad de ellos y que, además, se conceda recursos adicionales para las circunscripciones electorales que representan. Incluso han llegado al descaro de reclamar por las alzas de tarifa que ellos mismos dejaron preestablecidas.
Presente griego
Si esta monstruosidad cooperó a abrir los ojos de los electores de Santiago (y de otras ciudades amenazadas) para deshacerse de la coalición progresista, es iluso para el actual gobierno creer que en sus manos este tigre se pueda transformar en manso gatito.
La naturaleza misma de este sistema, tan extremadamente vulnerable a fallas en todos los frentes, es un perfecto "presente griego" que no puede sino acarrear males para el actual gobierno. Muchos de ellos generados y exacerbados por los mismos que lo crearon.
El ministro Felipe Morandé no parece darse cuenta de esto y cada tanto anuncia positivas medidas para mejorar el sistema, sin que se atisbe algo parecido a un camino de salida que neutralice el nocivo efecto de mantener al monstruo en casa.
Tal parece, entonces, que hay que ayudar al gobierno a ver con nitidez la manera de resolver el problema del Transantiago, que no es otra que deshacerse de él.
La nueva forma de gobernar
Por definición y en sentido contrario al progresismo, un gobierno de centroderecha rehuye la acumulación de poder. Su visión de la realidad difiere diametralmente de aquella que supone la imposición de un nuevo orden porque percibe y rechaza el peligro de mutilar las libertades individuales.
Al revés de la centroizquierda, los derechistas exhiben escasa permeabilidad a las entelequias y gran desconfianza de las tendencias a transformarlo todo. Valoran la gestión sencilla y honesta mucho más que las promesas de iluminados y redentores sociales.
El presente gobierno representa a la mayoría ciudadana que ve al estado como nuestra propiedad, pero que rechaza la noción de que estado y gobierno sean la misma cosa y, peor aún, que seamos dependientes de él.
Esto no constituye una postura de simple ideología sino una vivencia real y reciente, cuando en los años 70 y 80 el gobierno abandonó la operación exclusiva de las “áreas estratégicas” (telecomunicaciones, finanzas, minería, etc.), desatando un proceso parecido al de los “roaring twenties” de los Estados Unidos, bajo Calvin Coolidge, cuando fue la propia gente la que exploró sus propios caminos de desarrollo.
En mi opinión, la nueva forma de gobernar debe orientarse en sentido contrario al que le imprimió la coalición saliente. En vez de reforzar el poder central o "más estado", como reza el mantra progresista, debe aliviar al gobierno de carga que perfectamente puede ser asumida por los gobernados... y/o sus comunidades reales.
Autoridad Metropolitana de Transportes (AMT)
Así es como en los Estados Unidos y otros países desarrollados llaman a la entidad que administra los recursos para el transporte de personas en las áreas metropolitanas. Esta entidad funciona como un servicio público profesional y técnico que responde a los intereses de sus mandantes, las comunidades reales (ciudades, condados o pueblos que forman parte del conurbano a servir).
El gobierno debe invitar a los municipios metropolitanos para que constituyan una AMT y se hagan cargo de su sistema de transporte, ofreciéndoles créditos para iniciar las operaciones y la asistencia necesaria hasta que el sistema alcance madurez.
La misma invitación puede extenderse a los demás conglomerados urbanos de la nación, de modo que tengan la misma oportunidad de asumir el control de sus sistemas de transporte y que nadie pueda reclamar fondos sólo para emparejar el dispendio del gobierno administrando y financiando el sistema de una de las áreas metropolitanas de Chile, sólo porque en ella está sita la capital.
Con este esquema el gobierno se opera del presente griego que es el Transantiago, desactivando el factor que lo convierte en objetivo político. Los reclamos, huelgas o protestas que organice la oposición perderán al gobierno como objetivo, su actitud negativa impactará directamente en las comunidades (y votos) que las sufran y, al mismo tiempo, se potencia el desarrollo de las comunidades reales, abriendo camino a la idea de la autovalencia colectiva e individual.
Bien presentada, será difícil para el progresismo combatir esta iniciativa, porque quedarían en evidencia los peores vicios de su postura política, que son precisamente los que llevaron a los chilenos a sacarlos de la Presidencia.
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