Gonzalo Rojas Sánchez
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miércoles, 13 de febrero de 2013
La influencia del PS en Chile
miércoles, 13 de junio de 2012
Origen del repunte delincuencial e inseguridad ciudadana
A ello se suma una gestión crecientemente corrupta, que partió con manejos extraños desde la asunción de Patricio Aylwin y que se fueron agravando con los años hasta rematar bajo Michelle Bachelet en un cuadro desolador de gobierno absolutamente apartado de toda traza de decencia, cuando la ex mandataria autorizó grandes sumas de dinero para el financiamiento de la actividad de las ONGs partidarias del progresismo EN LOS MISMOS DÍAS en que cientos de miles de chilenos clamaban por ayuda a raíz del terremoto ocurrido 13 días antes de que debiera hacer abandono del poder.
domingo, 12 de diciembre de 2010
La corrupción no sólo toma dineros, también toma vidas.
El 8 de diciembre pasado un incendio de madrugada provocado por peleas entre internos mató a 81 de ellos en la cárcel de San Miguel, en Santiago.
El presidio, que aloja en precarísimas condiciones a más del doble de presos de su capacidad, carece de equipamiento para detectar o combatir emergencias y la dotación de personal de vigilancia es ridículamente pequeña en relación a la población penal.
Este centro de reclusión no es el único tan desprovisto, incluso hay otros que funcionan en instalaciones todavía más miserables. Tampoco es el único incendio nocturno reciente con internos que mueren calcinados. El 22 de octubre del 2007, en un evento similar que afectó a un centro de detención de menores en la ciudad de Puerto Montt, encontraron la misma horrorosa muerte 10 jóvenes internos.
La causa de estas tragedias es clara e indiscutible: insuficiencia de recursos materiales y humanos. Por ello cabe preguntarse ¿por qué no se han destinado fondos para estos recursos?
La respuesta es devastadora: los recursos sí fueron destinados y en cantidad suficiente. Pero fueron malversados.
Ante la esperable reacción ciudadana, los responsables de la malversación, líderes de la coalición de gobierno que dejó el poder el 11 de marzo pasado, han reaccionado de variadas formas.
La mayoría alega que este es un "tema país", expresión acuñada por ellos para eludir el bulto haciendo responsable a toda la nación. Esto encaja con la postura de "no buscar culpables", pretendiendo que por esta vez y dada la gravedad del asunto no culparán al gobierno.
Ricardo Lagos, que ocupó la Presidencia 2000/2006, ha creído salvar algo de su gestión exigiendo insolentemente que el Presidente Piñera reconozca que en su período se construyeron más metros cuadrados de cárceles.
Hay otros (entre ellos el mismísimo Presidente de la Corte Suprema de Justicia, entronizado por el régimen anterior y claro opositor a este gobierno) que alegan que el problema de sobrepoblación carcelaria es culpa de la actual coalición en el gobierno por su presión —cuando eran oposición— para exigir seguridad de la ciudadanía ante el repunte delincuencial.
Por último, están aquellos que culpan directamente a este gobierno de lo ocurrido y en el paroxismo del descaro exigen la renuncia del actual ministro de justicia.
Sin embargo, será difícil contener la verdad de lo mal obrado por estas personas, que no sólo son culpables de haber malgastado los fondos para el adecuado funcionamiento del sistema penitenciario sino que además son responsables del repunte delincuencial.
¿Cómo es esto que la Concertación sea responsable del repunte delincuencial?
Efectivamente, que haya más gente en las cárceles no obedece a la presión de la antigua oposición que ahora es gobierno cuando exigía justicia y castigo para los delincuentes, sino a las políticas demagógicamente permisivas y hasta de complicidad con el delito que mantuvo durante 20 años el grupo actualmente en la oposición.
Los 20 años de gobierno progresista de la llamada Concertación por la Democracia partieron el 11 de marzo de 1990 y terminaron la misma fecha de este año.
A pocos días de iniciado ese período, el 21 de marzo de 1990, el General (r) Gustavo Leigh Guzmán fue acribillado a balazos en su oficina, quien salvó la vida pese a que quedó con serias lesiones. El 10 de mayo siguiente sería asesinado el coronel de Carabineros, Luis Fontaine. Antes de completar un año de gobierno, el 3 de marzo de 1991, fueron asesinados el médico del Ejército, Mayor Carlos Pérez Castro y su esposa, Anita Schlager. Unos días después, el 1 de abril, es asesinado el senador Jaime Guzmán. Todos estos atentados fueron cometidos por grupos violentistas cuyos miembros eran y son gente conocida del régimen saliente, ninguno de ellos está cumpliendo condena y algunos ni siquiera fueron sometidos a proceso.
Los asesinos de Jaime Guzmán que pudieron ser apresados (luego de una operación detectivesca que fue dificultada por la administración dejando escapar a los implicados de mayor connotación política) están libres producto de una maniobra de rescate que involucra gravemente al gobierno de la época, porque fue una operación que requirió autorizaciones del más alto nivel para:
1. Que la extremista Marie Emmanuelle Verhoeven fuera contratada por Gendarmería (autoridad penitenciaria) como "psicóloga" que coordinaría en todo detalle la operación con los internos involucrados
2. Que los violentistas a rescatar pudieran reunirse sin problemas en el punto preciso de izaje desde un helicóptero suspendido sobre el patio elegido del recinto penitenciario.
3. Que el día señalado para la operación se reemplazara la cuadrilla en las torres de vigilancia armada por personal sin experiencia, con fusiles viejos y de escaso poder de fuego.
4. Que el helicóptero sobrevolara la ciudad y completara su misión sin ser molestado, y
5. Que los asesinos pudieran salir del país sin un rasguño ni problema por los puestos de inmigración.
A estos hechos se agregan varios asaltos y el secuestro del hijo del dueño del diario El Mercurio, cometidos en casi total impunidad por los mismos grupos.
Pero encima de esto los chilenos empezaron a sufrir la demagógica postura "por la vida" que llevó a los mandatarios concertacionistas a indultar de la pena de muerte a asesinos violadores confesos y condenados. Incluso al indulto total de implicados en enormes operaciones de narcotráfico sólo por el hecho de su militancia política afín al gobierno.
Por si lo anterior fuera poco, el régimen afortunadamente ahora fuera del poder, impuso legislación para proteger "los derechos" de los sospechosos de cometer delito, derogando la obligación de portar identificación, eliminando la detención por sospecha, dificultando el acto aprehensor de la policía e incluso castigando a estos efectivos por "exceso de fuerza represiva" en actos de protesta o conmoción.
Estas visiones demagógicas terminaron debilitando la capacidad disuasiva de la policía y consagraron algo que los chilenos llaman "la puerta giratoria" de la administración de justicia: los malhechores salen por donde entraron, en cosa de minutos.
Esto, mucho más que la pretendida debilidad del régimen anterior a las críticas opositoras, explica claramente el repunte de la inseguridad ciudadana y la obvia necesidad de preparar el sistema penitenciario para alojar a los muchos que ahora hacen su agosto dedicándose al más rentable de los negocios: el delito.
¿Cómo se respondió a la necesidad —ahora urgente— de potenciar el sistema penitenciario?
Se hizo aprobar los fondos respectivos, pero estos "se gastaron" en estudios, asesorías y otros servicios de nula utilidad para el fin al que estaban destinados.
En edición del 23 de julio del 2007, el diario El Mercurio hace un brevísimo sumario ejemplar de cómo se distribuyeron estos dineros: "más de $7 millones, entre los años 1995 y 1996, recibidos por el ex ministro de Justicia y actual presidente del PRSD, senador José Antonio Gómez. También aparece el actual ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade (PS) -quien está casado con la actual subdirectora técnica de Gendarmería, Miriam Olate- el cual aparece percibiendo honorarios por un monto cercano a los $25 millones entre los años 1996 y 2005. Por su parte, el ministro de Justicia, Carlos Maldonado percibió honorarios por cerca de $15 millones entre los años 1998 y 2000, mientras que la embajadora en Alemania, Marigen Hornkohl, figura recibiendo pagos por un monto superior a los $40 millones entre los años 1994 y 2000. Osvaldo Puccio (embajador), hermano del ex subdirector de la entidad, Carlos Puccio, figura con pagos por un total superior a los 20 millones de pesos. Además se incluyen en listado asimismo algunas figuras DC vinculadas al "alvearismo", como la ex directora de Chiledeportes Loreto Ditzel y el ex subsecretario de Justicia Jaime Arellano".
Respecto de estas repartijas, el ex Ministro de Justicia, Carlos Maldonado, "explicaba" en la misma fecha al diario La Tercera que esta era "una manera, a través de la prestación de asesorías adicionales, de aumentar las remuneraciones para hacerlas más razonables y coherentes con las funciones y responsabilidades que se desempeñaban".
Pero eso no es para nada cierto, porque muchos dirigentes de la corrupta coalición pasada obtuvieron sueldos completos y constantes por mucho tiempo sin jamás haber prestado servicio alguno.
Un ejemplo, en El Mostrador de fecha 18 de marzo del 2008, se da cuenta que el Director de Gendarmería "logró" que el hermano del senador Camilo Escalona, Simón, "presentara su renuncia al Servicio de Gendarmería" luego de completar 15 años cobrando un sueldo mensual de $500.000 sin jamás presentarse a trabajar, puesto que se dedicaba a la actividad partidista y a la administración de sus escuelas que recibían subvención del Estado.
Y es obvio suponer que esta persona no puede sino haber sido una de las muchas gozando de tan espléndido "arreglo", si consideramos que hasta una hija de Michelle Bachelet hizo asesorías siendo apenas estudiante.
Tanta sangría del presupuesto penitenciario impidió el financiamiento de la necesaria infraestructura, equipamiento y dotación de personal que podría haber impedido tragedias como las del 8 de diciembre pasado.
Es decir, la corrupción y descaro para darse la buena vida con los dineros destinados a proveer un servicio penitenciario que diera seguridades a los ciudadanos y a los internos, ha traído consecuencias todavía más graves que el mero desfalco.
Hay muchas vidas humanas que se agregan al monstruoso precio exigido por la más corrupta administración de gobierno que el país ha tenido en toda su historia.
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Este centro de reclusión no es el único tan desprovisto, incluso hay otros que funcionan en instalaciones todavía más miserables. Tampoco es el único incendio nocturno reciente con internos que mueren calcinados. El 22 de octubre del 2007, en un evento similar que afectó a un centro de detención de menores en la ciudad de Puerto Montt, encontraron la misma horrorosa muerte 10 jóvenes internos.
La causa de estas tragedias es clara e indiscutible: insuficiencia de recursos materiales y humanos. Por ello cabe preguntarse ¿por qué no se han destinado fondos para estos recursos?
La respuesta es devastadora: los recursos sí fueron destinados y en cantidad suficiente. Pero fueron malversados.
Ante la esperable reacción ciudadana, los responsables de la malversación, líderes de la coalición de gobierno que dejó el poder el 11 de marzo pasado, han reaccionado de variadas formas.
La mayoría alega que este es un "tema país", expresión acuñada por ellos para eludir el bulto haciendo responsable a toda la nación. Esto encaja con la postura de "no buscar culpables", pretendiendo que por esta vez y dada la gravedad del asunto no culparán al gobierno.
Ricardo Lagos, que ocupó la Presidencia 2000/2006, ha creído salvar algo de su gestión exigiendo insolentemente que el Presidente Piñera reconozca que en su período se construyeron más metros cuadrados de cárceles.
Hay otros (entre ellos el mismísimo Presidente de la Corte Suprema de Justicia, entronizado por el régimen anterior y claro opositor a este gobierno) que alegan que el problema de sobrepoblación carcelaria es culpa de la actual coalición en el gobierno por su presión —cuando eran oposición— para exigir seguridad de la ciudadanía ante el repunte delincuencial.
Por último, están aquellos que culpan directamente a este gobierno de lo ocurrido y en el paroxismo del descaro exigen la renuncia del actual ministro de justicia.
Sin embargo, será difícil contener la verdad de lo mal obrado por estas personas, que no sólo son culpables de haber malgastado los fondos para el adecuado funcionamiento del sistema penitenciario sino que además son responsables del repunte delincuencial.
¿Cómo es esto que la Concertación sea responsable del repunte delincuencial?
Efectivamente, que haya más gente en las cárceles no obedece a la presión de la antigua oposición que ahora es gobierno cuando exigía justicia y castigo para los delincuentes, sino a las políticas demagógicamente permisivas y hasta de complicidad con el delito que mantuvo durante 20 años el grupo actualmente en la oposición.
Los 20 años de gobierno progresista de la llamada Concertación por la Democracia partieron el 11 de marzo de 1990 y terminaron la misma fecha de este año.
A pocos días de iniciado ese período, el 21 de marzo de 1990, el General (r) Gustavo Leigh Guzmán fue acribillado a balazos en su oficina, quien salvó la vida pese a que quedó con serias lesiones. El 10 de mayo siguiente sería asesinado el coronel de Carabineros, Luis Fontaine. Antes de completar un año de gobierno, el 3 de marzo de 1991, fueron asesinados el médico del Ejército, Mayor Carlos Pérez Castro y su esposa, Anita Schlager. Unos días después, el 1 de abril, es asesinado el senador Jaime Guzmán. Todos estos atentados fueron cometidos por grupos violentistas cuyos miembros eran y son gente conocida del régimen saliente, ninguno de ellos está cumpliendo condena y algunos ni siquiera fueron sometidos a proceso.
Los asesinos de Jaime Guzmán que pudieron ser apresados (luego de una operación detectivesca que fue dificultada por la administración dejando escapar a los implicados de mayor connotación política) están libres producto de una maniobra de rescate que involucra gravemente al gobierno de la época, porque fue una operación que requirió autorizaciones del más alto nivel para:
1. Que la extremista Marie Emmanuelle Verhoeven fuera contratada por Gendarmería (autoridad penitenciaria) como "psicóloga" que coordinaría en todo detalle la operación con los internos involucrados
2. Que los violentistas a rescatar pudieran reunirse sin problemas en el punto preciso de izaje desde un helicóptero suspendido sobre el patio elegido del recinto penitenciario.
3. Que el día señalado para la operación se reemplazara la cuadrilla en las torres de vigilancia armada por personal sin experiencia, con fusiles viejos y de escaso poder de fuego.
4. Que el helicóptero sobrevolara la ciudad y completara su misión sin ser molestado, y
5. Que los asesinos pudieran salir del país sin un rasguño ni problema por los puestos de inmigración.
A estos hechos se agregan varios asaltos y el secuestro del hijo del dueño del diario El Mercurio, cometidos en casi total impunidad por los mismos grupos.
Pero encima de esto los chilenos empezaron a sufrir la demagógica postura "por la vida" que llevó a los mandatarios concertacionistas a indultar de la pena de muerte a asesinos violadores confesos y condenados. Incluso al indulto total de implicados en enormes operaciones de narcotráfico sólo por el hecho de su militancia política afín al gobierno.
Por si lo anterior fuera poco, el régimen afortunadamente ahora fuera del poder, impuso legislación para proteger "los derechos" de los sospechosos de cometer delito, derogando la obligación de portar identificación, eliminando la detención por sospecha, dificultando el acto aprehensor de la policía e incluso castigando a estos efectivos por "exceso de fuerza represiva" en actos de protesta o conmoción.
Estas visiones demagógicas terminaron debilitando la capacidad disuasiva de la policía y consagraron algo que los chilenos llaman "la puerta giratoria" de la administración de justicia: los malhechores salen por donde entraron, en cosa de minutos.
Esto, mucho más que la pretendida debilidad del régimen anterior a las críticas opositoras, explica claramente el repunte de la inseguridad ciudadana y la obvia necesidad de preparar el sistema penitenciario para alojar a los muchos que ahora hacen su agosto dedicándose al más rentable de los negocios: el delito.
¿Cómo se respondió a la necesidad —ahora urgente— de potenciar el sistema penitenciario?
Se hizo aprobar los fondos respectivos, pero estos "se gastaron" en estudios, asesorías y otros servicios de nula utilidad para el fin al que estaban destinados.
En edición del 23 de julio del 2007, el diario El Mercurio hace un brevísimo sumario ejemplar de cómo se distribuyeron estos dineros: "más de $7 millones, entre los años 1995 y 1996, recibidos por el ex ministro de Justicia y actual presidente del PRSD, senador José Antonio Gómez. También aparece el actual ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade (PS) -quien está casado con la actual subdirectora técnica de Gendarmería, Miriam Olate- el cual aparece percibiendo honorarios por un monto cercano a los $25 millones entre los años 1996 y 2005. Por su parte, el ministro de Justicia, Carlos Maldonado percibió honorarios por cerca de $15 millones entre los años 1998 y 2000, mientras que la embajadora en Alemania, Marigen Hornkohl, figura recibiendo pagos por un monto superior a los $40 millones entre los años 1994 y 2000. Osvaldo Puccio (embajador), hermano del ex subdirector de la entidad, Carlos Puccio, figura con pagos por un total superior a los 20 millones de pesos. Además se incluyen en listado asimismo algunas figuras DC vinculadas al "alvearismo", como la ex directora de Chiledeportes Loreto Ditzel y el ex subsecretario de Justicia Jaime Arellano".
Respecto de estas repartijas, el ex Ministro de Justicia, Carlos Maldonado, "explicaba" en la misma fecha al diario La Tercera que esta era "una manera, a través de la prestación de asesorías adicionales, de aumentar las remuneraciones para hacerlas más razonables y coherentes con las funciones y responsabilidades que se desempeñaban".
Pero eso no es para nada cierto, porque muchos dirigentes de la corrupta coalición pasada obtuvieron sueldos completos y constantes por mucho tiempo sin jamás haber prestado servicio alguno.
Un ejemplo, en El Mostrador de fecha 18 de marzo del 2008, se da cuenta que el Director de Gendarmería "logró" que el hermano del senador Camilo Escalona, Simón, "presentara su renuncia al Servicio de Gendarmería" luego de completar 15 años cobrando un sueldo mensual de $500.000 sin jamás presentarse a trabajar, puesto que se dedicaba a la actividad partidista y a la administración de sus escuelas que recibían subvención del Estado.
Y es obvio suponer que esta persona no puede sino haber sido una de las muchas gozando de tan espléndido "arreglo", si consideramos que hasta una hija de Michelle Bachelet hizo asesorías siendo apenas estudiante.
Tanta sangría del presupuesto penitenciario impidió el financiamiento de la necesaria infraestructura, equipamiento y dotación de personal que podría haber impedido tragedias como las del 8 de diciembre pasado.
Es decir, la corrupción y descaro para darse la buena vida con los dineros destinados a proveer un servicio penitenciario que diera seguridades a los ciudadanos y a los internos, ha traído consecuencias todavía más graves que el mero desfalco.
Hay muchas vidas humanas que se agregan al monstruoso precio exigido por la más corrupta administración de gobierno que el país ha tenido en toda su historia.
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