La justicia chavista ya opera en Chile, con todo

Se han escrito varios libros denunciando los abusos judiciales sobre los militares chilenos que, en la práctica, han pasado a ser una clase encarnizadamente perseguida por el régimen de la coalición UP/DC. Ahora falta que se agreguen libros sobre la lenidad judicial que asegura casi total impunidad para la interminable lista de ilegalidades que en más de 20 años acumulan los líderes de esa misma coalición.

Desde que bajo el gobierno del inepto Eduardo Frei Ruiz-Tagle se impuso la reforma al aparato de justicia, han venido creciendo tres fenómenos: el abuso judicial contra militares, la lenidad a favor de la nomenclatura del régimen y... el repunte de la delincuencia.

De estos tres fenómenos concurrentes, la persecución a militares había amainado algo, pero bajo el gobierno de Sebastián Piñera no se hizo nada para desmontar (o al menos denunciar) la maquinaria judicial responsable de estos vicios. Lejos de eso, se mantuvieron incólumes los equipos encargados de los programas persecutorios de militares, se exacerbó la campaña de descrédito del 11 de septiembre de 1973 y se alentó el escarnio público de los militares presos.

Esta postura de Piñera, sumada a otras de apoyo a los ex gobernantes UP/DC y al castro-chavismo internacional (en paralelo con el desprecio a los Chicago boys y a los líderes de la derecha que no eran sus incondicionales) significó, nada más nada menos, la vuelta al poder de la UP/DC y, consecuentemente, el agravamiento de estos problemas que genera el aparato de justicia en la convivencia nacional.

Y, tal como era previsible, se ha reabierto con gran brío la temporada de caza de militares, sobre todo de aquellos que tengan alguna incursión en política. Luego de varios casos de gente a la que le han levantado cargos y/o los han correteado de su pega, ahora han salido acusando a Cristián Labbé (el ex alcalde de Providencia que vista la debacle que tiene Josefa Errázuriz, podría volver fácilmente al cargo con sólo proponérselo) de "asociación ilícita" que habría cometido en el ejército cuando era un tenientillo de poco más de 20 años, como si esa monstruosidad fuera la cosa más viable del mundo.

Y los derechistas reaccionan con pusilanimidad, como si temieran que les llegaría a ellos si hablan fuerte. Evelyn Matthei ha dicho "no digo que sea inocente, pero...". La directiva de la UDI, el partido al que pertenece Labbé, declaran tímidamente "lo apoyamos en lo humano". Para más remate, la universidad donde estaba trabajando le ha suspendido el contrato hasta que el asunto "se aclare".

La verdad, Labbé es total, completa y necesariamente inocente ¿Por qué? Porque es inconcebible que al interior del ejército un joven teniente vaya a tener la más mínima posibilidad de constituir una "asociación ilícita" de ninguna naturaleza sin que sus superiores lo hagan mierda. Y, segundo, porque si los jueces de izquierda de hoy consideran ilícita alguna unidad a la que el ejército destinó a Labbé en 1973/74, eso no puede constituir delito para un joven funcionario sometido a la dura disciplina militar. Y, por último, fuera como hubiera sido esa tal "asociación ilícita" cualquier responsabilidad que contra toda lógica quiera achacarse al teniente Labbé de hace 41 años, estaría absolutamente prescrita.

Pero, en la seguridad de que los jueces actuarán del mismo modo que hacen en Venezuela frente a un requerimiento del castro-chavismo, sus émulos del régimen local piden a los jueces, encima de todo esto, agregar los cargos de secuestro, tortura y asesinato, sin molestarse en dar antecedente alguno. Se supone que eso es problema que debe resolver todo juez castro-chavista: buscar el modo de sustanciar cargos para los cuales los acusadores no tienen el menor dato.

En Venezuela ha probado ser un método muy eficaz para terminar con toda traza de oposición, por lo cual todos los que no somos socialistas les llamamos dictadura. Y precisamente ése es el objetivo del castro-chavismo local: constituirse en un poder incontestable, en una dictadura "legal". Nada más, nada menos.