A ello se suma una gestión crecientemente corrupta, que partió con manejos extraños desde la asunción de Patricio Aylwin y que se fueron agravando con los años hasta rematar bajo Michelle Bachelet en un cuadro desolador de gobierno absolutamente apartado de toda traza de decencia, cuando la ex mandataria autorizó grandes sumas de dinero para el financiamiento de la actividad de las ONGs partidarias del progresismo EN LOS MISMOS DÍAS en que cientos de miles de chilenos clamaban por ayuda a raíz del terremoto ocurrido 13 días antes de que debiera hacer abandono del poder.
Los 20 años de gobierno progresista de la llamada Concertación por la Democracia partieron el 11 de marzo de 1990 y terminaron la misma fecha del 2010.
A pocos días de iniciado ese período, el 21 de marzo de 1990, el General (r) Gustavo Leigh Guzmán fue acribillado a balazos en su oficina, quien salvó la vida pese a que quedó con serias lesiones.
El 10 de mayo siguiente sería asesinado el coronel de Carabineros, Luis Fontaine.
Antes de completar un año de gobierno, el 3 de marzo de 1991, fueron asesinados el médico del Ejército, Mayor Carlos Pérez Castro y su esposa, Anita Schlager.
Unos días después, el 1 de abril, es asesinado el senador Jaime Guzmán.
Todos estos atentados fueron cometidos por grupos violentistas cuyos miembros eran y son gente conocida de la coalición hoy en la oposición, ninguno de ellos está cumpliendo condena y algunos ni siquiera fueron sometidos a proceso.
Los asesinos de Jaime Guzmán que pudieron ser apresados (luego de una operación detectivesca que fue dificultada por la administración dejando escapar a los implicados de mayor connotación política) están libres producto de una maniobra de rescate que involucra gravemente al gobierno de la época —1996, presidiendo el país Eduardo Frei Ruiz-Tagle— porque fue una operación que requirió autorizaciones del más alto nivel para:
2. Que los violentistas a rescatar pudieran reunirse sin problemas en el punto preciso de izaje desde un helicóptero suspendido sobre el patio elegido del recinto penitenciario.
3. Que el día señalado para la operación se reemplazara la cuadrilla en las torres de vigilancia armada por personal sin experiencia, con fusiles viejos y de escaso poder de fuego.
4. Que el helicóptero sobrevolara la ciudad y completara su misión sin ser molestado, y
5. Que los asesinos pudieran salir del país sin un rasguño ni problema por los puestos de inmigración.
A estos hechos se agregan varios asaltos y el secuestro del hijo del dueño del diario El Mercurio, cometidos en casi total impunidad por los mismos grupos.
Pero encima de esto los chilenos empezaron a sufrir la demagógica postura "por la vida" que llevó a los mandatarios concertacionistas a indultar de la pena de muerte a asesinos violadores confesos y condenados. Incluso al indulto total de implicados en enormes operaciones de narcotráfico sólo por el hecho de su militancia política afín al gobierno.
Por si lo anterior fuera poco, el régimen afortunadamente ahora fuera del poder, impuso legislación para proteger "los derechos" de los sospechosos de cometer delito, derogando la obligación de portar identificación, eliminando la detención por sospecha, dificultando el acto aprehensor de la policía e incluso castigando a estos efectivos por "exceso de fuerza represiva" en actos de protesta o conmoción.
Estas visiones demagógicas terminaron debilitando la capacidad disuasiva de la policía y consagraron algo que los chilenos llaman "la puerta giratoria" de la administración de justicia: los malhechores salen por donde entraron, en cosa de minutos.
Esto, mucho más que la pretendida debilidad del régimen anterior a las críticas opositoras, explica claramente el repunte de la inseguridad ciudadana y la obvia necesidad de preparar el sistema penitenciario para alojar a los muchos que ahora hacen su agosto dedicándose al más rentable de los negocios: el delito.
¿Cómo se respondió a la necesidad —ahora urgente— de potenciar el sistema penitenciario?
Se hizo aprobar los fondos respectivos, pero estos "se gastaron" en estudios, asesorías y otros servicios de nula utilidad para el fin al que estaban destinados.
En edición del 23 de julio del 2007, el diario El Mercurio hace un brevísimo sumario ejemplar de cómo se distribuyeron estos dineros:
"Osvaldo Puccio (embajador), hermano del ex subdirector de la entidad, Carlos Puccio, figura con pagos por un total superior a los 20 millones de pesos.
Pero esto último no es para nada cierto, porque muchos dirigentes de la corrupta coalición pasada obtuvieron sueldos completos y constantes por mucho tiempo sin jamás haber prestado servicio alguno.
Y es obvio suponer que esta persona no puede sino haber sido una de las muchas gozando de tan espléndido "arreglo", si consideramos que hasta una hija de Michelle Bachelet hizo asesorías siendo apenas estudiante.
Tanta sangría del presupuesto penitenciario impidió el financiamiento de la necesaria infraestructura, equipamiento y dotación de personal que podría haber impedido los incendios con causa de muerte que han ocurrido en las cárceles chilenas.
Y esto da cuenta solamente de lo ocurrido en el servicio de Gendarmería, que es una parte mínima del aparato del estado ocupado y agostado por veinte años de corrupción galopante.
Esta lacra instalada hasta en los más altos niveles de la administración proyectó sobre toda la ciudadanía un inédito y pésimo ejemplo que afectó la moral nacional y, por supuesto, alentó el repunte delincuencial hasta extremos nunca antes vistos en nuestro país.
Costará aún muchos esfuerzos, dineros y tiempo para conseguir reinstalar la rectitud en la administración, aún plagada de elementos del pasado régimen, y más todavía recuperar los hábitos y confianza ciudadana en sus autoridades.
El presente gobierno ha omitido la denuncia pública de la calamitosa gestión del régimen pasado, pero eso no ha conseguido que los culpables de estas desgracias mantengan una actitud de respeto por los esfuerzos que se hace en la lucha por mejorar la seguridad de los ciudadanos.
Al contrario, todo evento es aprovechado para intentar achacar a esta gestión (que apenas lleva dos años) el origen de este grave problema. Ojalá tanto descaro haga despertar al gobierno del letargo que le impide sacar al pizarrón a los culpables. Eso también es parte del trabajo por recuperar la moral y los valores nacionales.
En este empeño, el aparato de administración de justicia —casi totalmente controlado por el progresismo— aporta lo suyo impidiendo que la ciudadanía sienta el más mínimo respiro ni alivio.
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