Bachelet, base precaria del colosal absceso progresista

Un video reciente deja en evidencia la increíble ineptitud y mendacidad de Michelle Bachelet en el tratamiento de la emergencia nacional por el terremoto del 27 de febrero del 2010.

Hasta ahora, con la cooperación de los progresistas que controlan la ONU, la centro-izquierda local ha conseguido mantener a Bachelet alejada de la contingencia y protegida de las muchas irregularidades del pasado régimen que, se esperaba, saldrían a la luz en la nueva administración.

Los extremos esfuerzos desplegados en el blindaje de Bachelet prueban que desde el inicio de este período ella fue considerada como el pasaporte para la recuperación de la Presidencia y el aseguramiento del enorme aparato progresista de influencia amenazado de colapsar.

Después dos décadas de creciente y trabajosa hegemonía, el progresismo chileno perdió la Presidencia en el 2010, pero ha conservado intacto el control de:

• el Congreso (con mayorías obtenidas mediante el cohecho con los fondos de los programas sociales que en época de elecciones se activaban en favor de la gestión proselitista de los candidatos del régimen. El Congreso ha exhibido una pasmosa negatividad en el tratamiento de las iniciativas legales del presente gobierno, aún aquellas de ayuda social que se inscriben en el discurso progresista);
• el Poder Judicial (sacando provecho de las modificaciones a las normas de procedimiento penal se poblaron los tribunales, fiscalía y defensoría nacional con gente de su filiación política. La acción de este aparato ha sido funcional a los intereses de la oposición y uno de los casos más obvios es el tratamiento de este asunto de las responsabilidades por acciones y omisiones como reacción a las calamidades del terremoto, cuando —aparte del ilegal ejercicio jurisdiccional de la fiscal a cargo y de la improcedente descalificación de pruebas por parte del fiscal general, Sabas Chahuán— hasta un abogado querellante ha mostrado iniciativa para alejar a Bachelet de este asunto); 
• los órganos contralores (contraloría, consejo para la transparencia, consejo nacional de la televisión, etc., todos estos organismos están bajo directo control del progresismo y han seguido una clara conducta de echar tierra a lo pasado y conflictuar cualquier minucia presente); 
• todas las ONGs financiadas con dinero fiscal (que durante el período que medió entre la elección y la entrega del poder recibieron ingentes aportes financieros, aún en medio de las terribles necesidades surgidas de las emergencias por el terremoto del 27 de febrero) y las representaciones y organismos internacionales (Cepal, PNUD y similares, todas siguiendo la misma pauta de negatividad y desaprobación de la gestión del gobierno presente); 
• los departamentos de prensa de la enorme mayoría de los medios (diarios, radiodifusoras y estaciones de TV, que han jugado un papel fundamental en la magnificación de minucias y difusión de críticas que cooperen a mantener la popularidad del Presidente y el gobierno a la  baja); 
• las cúpulas directivas de todas las empresas de propiedad estatal (Codelco, Enap, Petrox, etc., que han conseguido mantenerse impermeables a las iniciativas fiscalizadoras del gobierno)
• la mayoría de los comentaristas, animadores y "anchor people" desplegados en los medios, liderando el rol de los departamentos de prensa y de la orgánica de propaganda progresista; 
• casi todos los sindicatos, gremios y organizaciones sociales (profesores, trabajadores del cobre, actores, empleados públicos, estudiantes, retail, etc., de gran importancia en el mantenimiento artificial de la crispación social), 
• las relaciones y lazos de cooperación activa con el poderoso aparato progresista internacional que va desde el control de diversos medios de gran influencia (NYT, Le Monde, El País, MSNBC, entre muchos otros que se han distinguido en amplificar los conflictos y la mala imagen atribuída al gobierno), hasta la mismísima ONU y organismos intermedios (que se distinguido en la convocatoria a líderes del progresismo: Juan Somavía, J. G. Valdés, Mariano Fernández, Heraldo Muñoz, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, etc.), pasando por fundaciones e instituciones de financiación de causas públicas (Tides Org., Fundación Ford, Fundación Rockefeller, Fundación Konrad Adenauer, etc. que financian muchas de las ONGs y nuevos "movimientos" que no han alcanzado a recibir financiamiento fiscal).

A la llegada del nuevo gobierno, este aparato de influencia (que por estar casi únicamente orientado a sabotear al presente gobierno bauticé en el 2010 como TOCOPI, "Todos contra Piñera") incluía a los directivos del fútbol, la cúpula clerical de la Iglesia Católica y organizaciones satélite (como Un Techo para Chile, Hogar de Cristo, Trabajo para un Hermano y una larga lista), cerrando el más amplio espectro organizacional que ha conocido nuestra vida política dedicado a un único objetivo: recuperar la Presidencia para la centro-izquierda.

Por la misma magnitud de este aparato (o más bien absceso, dado su maligno efecto en el sano desenvolvimiento de los asuntos públicos), su pérdida de apoyo activo acarreará su inestabilidad y colapso. Y para eso no hay amenaza más seria que la continuidad del actual gobierno de la derecha.

Si no logran recuperar la presidencia en el próximo período, toda esta enorme masa corre serio peligro de irse estrepitosamente al suelo porque la renovación de varias de las cabezas de esta extensa hidra quedaría en manos de la derecha, tanto desde el poder ejecutivo como desde un Congreso renovado en el que a todas luces no podrán mantener su hegemonía.

Este colapso implica no solamente la pérdida de jugosos contratos y puestos de trabajo en el aparato estatal y paraestatal sino que algo todavía peor: la caída en la credibilidad del "relato" en cuya vigencia se ha invertido tantísimo dinero por tantos años.

De tanto y tanto repetirlo, hasta sus mismos autores han llegado a creer que el gobierno de Allende y él mismo fueron ejemplos de democracia, que el gobierno militar no pasó de ser un negro período de abusos increíbles en los derechos de las personas y que ellos mismos (bajo la chapa de Concertación por la Democracia) representan en forma exclusiva y excluyente lo mejor de los valores de nuestra vida republicana.

La desaparición de estos mitos reducirá la influencia del progresismo a su real dimensión, dejando a ese grupo casi sin recursos ideológicos para reintentar el ataque al poder por medios lícitos.

Por estos motivos es crítico para ellos reinstalar de vuelta a Michelle Bachelet, recuperar (si sus expectativas tienen correspondencia con la realidad) la presidencia y respirar aliviados mientras revisan toda la estructura para no arriesgar otro episodio similar.

Esta aspiración es terrible para el futuro de Chile. Aparte del afianzamiento de un absceso que debería desaparecer, el empeño en bloquear el juego democrático nos llevaría al despeñadero por el que hoy se deslizan Argentina, Venezuela, Bolivia, Ecuador y otras desgraciadas naciones de Latinoamérica hacia el abismo en cuyo oscuro y cenagoso fondo se debate la desgraciada Cuba.

Es clara la tremenda responsabilidad del presente gobierno de Chile para impedir que el progresismo se salga con la suya. Debe dar la lucha viril y decisivamente. Hay todo un país que así lo espera y que, llegando al caso, está más que dispuesto a sumarse al combate.