Atrapados sin salida

La descomposición moral de la UP/DC —que partió en 1990, cuando asumieron el poder inaugurando la temporada de ordeñar al estado y que ya completa 27 años— empieza a mostrar signos terminales.

La inaudita osadía de jubilar a la mujer de Osvaldo Andrade con una pensión anual superior a 100 mil dólares, luego de completar poquísimos años de apitutamiento en Gendarmería es señal de que se ha rebasado todo límite.

En nada ayudan las explicaciones del régimen: que es "legal", que el gobierno no tiene injerencia en el asunto, que el desusado beneficio fue "casual" (como si no se hubiera planeado la fecha precisa para impetrarlo), que Andrade no votó la excepcional norma que favorecía a su esposa, que su voto fue un "error involuntario" del zurdo que se sentó en su puesto, que el sistema ha sido modificado para evitar "voto accidental" (versión del secretario de la Cámara que fue contradicha por la aceptación de quien lo habría hecho "sin mala intención"), en fin.

Tampoco atenúa el escándalo que en el pasado el mismo Andrade haya hecho decenas de millones "asesorando" fraudulentamente (<= informe de Contraloría) a Gendarmería, que en el mismo servicio hayan cosechado asesorías muchos de sus compinches de la UP/DC (incluyendo a una hija estudiante de Bachelet), y menos ayuda aún que se sepa que hay otros casi 50 zurdos apitutados en Gendarmería, todos parientes o amigos de los del gobierno, que están en la cola para repetir el numerito.

Todo ello mientras el presupuesto del servicio no da para equipar debidamente los hacinados recintos carcelarios y donde, debido a esas condiciones y carencias, ha habido incendios incontrolables en los que decenas de reclusos han encontrado horrible muerte (detalles aquí).

Cuestiones como esta son las que tienen por las cuerdas al régimen y con pavor de que a poco andar tengan que salir a buscar trabajo.

Este esquema especial de jubilarse (llamado de reparto) persiste porque el gobierno militar no quiso extender a las fuerzas armadas el sistema de capitalización individual que tiene el resto de los chilenos, sumando a este oneroso esquema (que pagan todos los chilenos con sus impuestos) a carabineros y gendarmería.

El escándalo, que podría haber servido a la oposición para desacreditar este sistema y que es precisamente el que el régimen quiere imponer a todos echando mano de nuestros fondos acumulados de retiro (una cantidad de dinero enorme), no ha tenido la reacción que debería esperarse.

De partida, todos los opositores presentes en esa sesión votaron a favor de la ley que Andrade dice que no votó:

Y la respuesta opositora no ha ido más allá de reclamar irregularidades dentro del esquema, sin desacreditarlo por su naturaleza.

Es decir, entre los políticos que "nos representan" no hay nadie que defienda el sistema de fondos de propiedad individual, uno de los logros más espectaculares de nuestro modelo que permite acceder a pensiones legítimas que no dañan el presupuesto nacional, salvo para las pensiones asistenciales.

Ninguno de ellos parece tener claridad respecto de la peligrosidad de las intenciones zurdas de meterle mano a nuestro dinero e instalar el sistema de reparto, un esquema ponzi que permite la intervención discrecional para que se cometan barbaridades como la de estas pensiones millonarias para algunos y de miseria para otros (situación que antes del sAFP en Chile era moneda corriente).

Raya para la suma. El régimen ya empieza a actuar como sus similares del club castro-chavista mientras la oposición hila baba conformándose con cobrar sus generosos estipendios y se pasa películas con recuperar el poder para que Piñera se vuelva a instalar y a terminar de destruir nuestro modelo (tarea a la que se dedicó en su pasada anterior).

Es decir, no vemos una salida razonable de esto por ninguna parte. Como presa en disputa entre los totalitarios corruptos y los codiciosos piñeristas, estamos atrapados en el peor de los mundos.