La UP/DC: más allá de las leyes

Carlos Peña

El conflicto (no es posible llamarlo de otra forma) entre la Nueva Mayoría y el Servel acaba de ser resuelto por el Tribunal Calificador de Elecciones ¿Resuelto? Bueno, no exactamente.

La Nueva Mayoría sostuvo que el Servel había exigido la presencia corporal de los presidentes de los partidos en el acto de inscripción de las primarias. Y que como Isabel Allende llegó tarde, su inscripción había sido rechazada injustamente. Injustamente -alegaron los abogados-, porque la presencia física de los presidentes de los partidos era una exigencia insólita, una interpretación que hacía decir a la ley más cosas de las que exactamente decía. Bastaba atenerse a la letra de la ley -explicaron los abogados de la Nueva Mayoría- para advertir que la concurrencia mediante solicitud debidamente firmada era suficiente para que el requisito de comparecer los presidentes se diera por cumplido.

Así entonces el Servel estaba equivocado y el pacto de la Nueva Mayoría debía ser admitido. No resultaba razonable que una interpretación antojadiza, como la del Servel, acabara entorpeciendo la democracia partidaria.

El Tricel le dio la razón a la Nueva Mayoría.

La decisión parece sensata. Y lo sería si el verdadero objeto de la disputa hubiera sido un problema de interpretación de la ley: de si acaso esta exige la comparecencia personal de los presidentes de los partidos o si en cambio basta su manifestación de voluntad mediante la firma de los respectivos documentos. Si ese hubiera sido el debate -un asunto de los que entretienen a los abogados, algo cercano a una simple leguleyada-, el fallo del Tricel merecería aplausos.

Pero -desgraciadamente para el prestigio del Tricel y la salud de las instituciones- no era eso lo que estaba en litigio. Así que el Tricel aplausos no merece.

Porque lo que estaba en disputa (una simple lectura de la parte expositiva de la sentencia lo pone de manifiesto) era una cuestión distinta: si acaso el día 20 de abril a las 24:00 horas existió o no un acuerdo de la Nueva Mayoría para realizar primarias. La directora de este último organismo relata, en actas previas y en su informe al Tricel, que al expirar ese día ¡no hubo acuerdo alguno que inscribir! En otras palabras, la directora del Servel asevera que el motivo de la no inscripción del pacto fue que el pacto no existió y no la ausencia de Isabel Allende. En otras palabras, la directora del Servel sostiene que a las 24:00 horas del día 20 de abril, cuando el plazo legal expiraba, los partidos de la Nueva Mayoría no hicieron valer acuerdo alguno ante el Servel simplemente porque no habían alcanzado ese acuerdo:

"Lo que pudo observarse (...) -relata el informe del Servel dirigido al tribunal- fue que no había nómina de comunas porque a la medianoche del día 20 de abril de 2016 los presidentes y secretarios generales de los partidos políticos recurrentes aún mantenían diferencias acerca de las comunas que iban a someter a primarias".

Ese relato de la directora del Servel (que además consta en actas previas, cuando el reclamo ante el Tricel ni siquiera se imaginaba) no es un asunto baladí si se tiene en cuenta que se trata nada menos que de la ministro de fe del proceso electoral, motivo por el cual los hechos que ella certifica, dice la ley vigente, "se tendrán por verdaderos".

Pero los jueces del Tricel hacen oídos sordos en su sentencia, razonan como si ese hecho gigantesco no hubiera sido aseverado por la ministro de fe, o sin decirlo lo dan por falso, y hacen como si la Nueva Mayoría y el Servel estuvieran disputando la cuestión menor de si acaso la ley exige la comparecencia personal o si basta la simple firma de los presidentes de los partidos.

En otras palabras, el Tricel transformó, por arte de birlibirloque, por un simple pase de magia, a punta de imaginación, un asunto de la máxima relevancia pública y política (¿existía o no un acuerdo de la Nueva Mayoría el 20 de abril a las 24:00 horas?) en una simple leguleyada (¿es necesaria la comparecencia personal o basta la firma ante el Servel?).

No cabe duda alguna.

Aquí alguien -el Servel o la Nueva Mayoría- miente.

Y tampoco cabe duda que el Tricel -para desgracia del prestigio de quienes lo integran- inexplicablemente hizo como que la mentira no existía.

Columna publicada el domingo 15 de mayo de 2016 en El Mercurio

Apéndice-comentario

Lo que primero me llamó la atención en este asunto fue que la UP/DC recurriera al Tricel, que es un tribunal calificador de elecciones. Su competencia se orienta a precaver la transparencia y rectitud de actos eleccionarios y la inscripción en el Servel no es, en sentido estricto, un acto electoral sino un trámite administrativo previo a ese proceso. Bien pudo ser que el Tricel les dijera: sorry, esto NO es de mi competencia por tratarse de un acto administrativo que queda fuera de mi jurisdicción. Queda claro entonces que los operadores de esa coalición ya tenían resuelto el tema de que el Tricel se declararía competente, es decir, que ya estaban coordinados con los jueces respectivos.

Luego viene lo que arriba, contra lo que yo esperaba, el mismísimo Carlos Peña destroza con una lógica aplastante. Leí los documentos respectivos y Peña tiene toda la razón (traté luego de descargarlos desde el Tricel, pero el enlace dejó de funcionar, quedando en loop permanente). Los ágiles del Tricel acogieron el reclamo de la UP/DC como si ése fuera el punto en litigio (incomparecencia de Isabel Allende), pero lo cierto es que el Servel reporta que al momento del vencimiento del plazo no había documento alguno que acoger a registro en ese servicio —no que Isabel Allende no estuviera presente—, y lo prueba con las actas que describen con detalle la carencia de una nómina.

Siendo que la oposición política en Chile apenas se atreve a respirar fuerte, este asunto consagra un derecho especial para la UP/DC de saltarse plazos y prescripciones para inscribir sus candidatos, contra todas las normas que los derechistas han tenido que cumplir a rajatabla.

Peña lamenta el desprestigio que esto acarrea al Tricel, pero yo celebro que el sesgo de ese y de casi todos los tribunales chilenos se haga evidente. En casi 25 años de dominio progresista, los casos de justicia tuerta en Chile han llegado a ser incontables y muchos de ellos simplemente monstruosos.

Adendum:

Para cumplir la "sentencia" del Tricel, el Servicio Electoral necesita normas respecto de cómo proceder cuando los plazos están vencidos. Es decir necesita que se haga una ley "express" que defina ese procedimiento excepcional, con lo cual se genera una grave distorsión del estado de derecho parecido al que generó la iniciativa de Longueira, cuando propuso una ley tramitada en 24 horas para salvar a la Democracia Cristiana en un caso similar de incumplimiento de las normas de inscripción hace ya casi 10 años.