Patricio Malatesta (carta a El Mercurio que, de seguro, el diario no publicará)
Sr. Director,
Con relación al tema tratado en su editorial de hoy, debo señalarle lo siguiente:
Los presos tienen dos vías legales para obtener su libertad, la judicial y la administrativa.
Héctor Llaitul, miembro de una organización violentista que opera entre la VIII y IX Región, fue propuesto por Gendarmería para que se le concediera libertad condicional. Sin embargo, dicha proposición fue rechazada por la Comisión de Libertad Condicional, por la Corte de Apelaciones de Concepción y por la Corte Suprema. Es decir, la vía judicial no le otorgó la libertad.
No obstante, Gendarmería de Chile, dependiente del Ministro de Justicia, utilizando la vía administrativa, le concedió el beneficio de salidas controladas.
El tratamiento recibido por el señor Llaitul, es contrario a la realidad que deben enfrentar otros chilenos privados de libertad, a quienes, cumpliendo con todos los requisitos para obtener los mismos beneficios que el señor Llaitul, les son sistemáticamente denegados.
¿Por qué esta discriminación? La respuesta es simple, la situación está radicada en el ámbito político, revestido solo aparentemente de judicial. Y por eso les denominamos PPM (presos políticos militares) a los mantenidos en prisión por situaciones acaecidas hace más de 40 años.
Todos sabemos que es mentira que en Chile existan secuestrados desde las décadas de los ’70 y ’80. Pero las instituciones que deberían funcionar y en las que debemos confiar: Poder Judicial, Jueces, Ministros, Cortes de Apelaciones y Corte Suprema, alegan que tales secuestros sí existen, y persisten en emitir fallos que violentan de ese modo la verdad.
Héctor Llaitul, miembro de una organización violentista que opera entre la VIII y IX Región, fue propuesto por Gendarmería para que se le concediera libertad condicional. Sin embargo, dicha proposición fue rechazada por la Comisión de Libertad Condicional, por la Corte de Apelaciones de Concepción y por la Corte Suprema. Es decir, la vía judicial no le otorgó la libertad.
No obstante, Gendarmería de Chile, dependiente del Ministro de Justicia, utilizando la vía administrativa, le concedió el beneficio de salidas controladas.
El tratamiento recibido por el señor Llaitul, es contrario a la realidad que deben enfrentar otros chilenos privados de libertad, a quienes, cumpliendo con todos los requisitos para obtener los mismos beneficios que el señor Llaitul, les son sistemáticamente denegados.
¿Por qué esta discriminación? La respuesta es simple, la situación está radicada en el ámbito político, revestido solo aparentemente de judicial. Y por eso les denominamos PPM (presos políticos militares) a los mantenidos en prisión por situaciones acaecidas hace más de 40 años.
Todos sabemos que es mentira que en Chile existan secuestrados desde las décadas de los ’70 y ’80. Pero las instituciones que deberían funcionar y en las que debemos confiar: Poder Judicial, Jueces, Ministros, Cortes de Apelaciones y Corte Suprema, alegan que tales secuestros sí existen, y persisten en emitir fallos que violentan de ese modo la verdad.
Es decir, no queda ya duda de que a los miembros de nuestras Fuerzas Armadas y de Orden que en su rol debieron actuar en tiempos de convulsión social se les trata con desigualdad e inquina ante la justicia.
Eso deja muy clara la terrible verdad de que en Chile no vivimos en un estado de derecho. Nuestro estado ya no asegura a todos sus ciudadanos, sin excepción, plena igualdad ante la justicia.
Eso deja muy clara la terrible verdad de que en Chile no vivimos en un estado de derecho. Nuestro estado ya no asegura a todos sus ciudadanos, sin excepción, plena igualdad ante la justicia.
Es importante consignar e insistir en esta verdad: en Chile ya no impera un estado pleno de derecho. Ante la vergonzosa cobardía de la clases política, a nuestros militares se les niega la aplicación recta de la justicia y se les usa para justificar obscenas indemnizaciones al bando combatiente de izquierda, pagadas con el trabajo de todos los chilenos.
ResponderEliminarLa carta que le mando Krassnoff a Piñera lo ilustra. Son las mismas organizaciones de derechos humanos de Izquierda las que deciden a cuál reo le corresponde los beneficios.
ResponderEliminarEl mismo Ministerio de Justicia y Gendarmería le niegan los beneficios carcelarios que recibieron los terroristas.
Hace poco el Instituto LyD sacó un informen a propósito de las irregularidades que ha realizado SII por Penta y SQM, sin embargo, los abogados de ese centro de estudio jamás han escrito algo parecido al discurso de Adolfo Paúl Latorre sobre los militares presos. A lo más repetir los cliché de la Izquierda
La diferencia entre la derecha que estuvo hasta septiembre de 1973 y la actual, es que la anterior valorizaba el Estado de Derecho.
La verdad, si consideramos a la derecha como lo contrario a la izquierda, tanto la UDI como RN tienen bien poco de derechistas.
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