miércoles, 21 de mayo de 2014

Para derrumbar al modelo hará falta mucho más que las retroexcavadoras

"Nosotros no vamos a pasar una aplanadora, vamos a poner aquí una retroexcavadora, porque hay que destruir los cimientos anquilosados del modelo neoliberal de la dictadura". El anuncio del presidente del PPD, senador Jaime Quintana, para algunos fue un escándalo, pero para otros fue la verbalización de una profunda aspiración: destruir lo que llaman "la herencia de la dictadura". Ahora que la polvareda ha bajado, quizás sea el momento de volver sobre las palabras del senador para reflexionar sobre lo que significan.

La dictadura terminó, estaremos de acuerdo; pero, a juicio de Quintana y de quienes interpreta, el "modelo neoliberal" que instauró sigue incólume. Su "herencia" ha prevalecido la friolera de 40 años; esto es, la quinta parte de la historia de la república. Ocho de cada diez compatriotas no saben lo que es vivir sino bajo su sombra, pues nacieron después de 1973 o tenían a esa fecha menos de 10 años. Borrar del mapa el "modelo neoliberal" es, pues, una empresa de demolición colosal. Las retroexcavadoras, me temo, no serán suficientes.

En la visión de Quintana, la dictadura y su modelo habrían sido exógenos a la sociedad chilena. De ahí que se puedan extirpar sin dejar rastros, como se extirpa un cuerpo extraño del organismo. Pero las cosas no fueron así. La dictadura fue engendrada por la propia sociedad, aterrorizada ante la amenaza de una implosión. Ella la sostuvo o la toleró por largos años; hasta que sintió que había pasado la amenaza. En cuanto al "modelo neoliberal", él fue implantado, cierto, con bayonetas y -digámoslo- con retroexcavadoras. Pero respondía a una constatación empírica: el modelo anterior había estallado por los aires, y sus esquirlas habían producido una destrucción sin parangón. Con el tiempo, sin embargo, la gente fue haciéndolo suyo; incorporándolo a su propia identidad, tratando así de escapar de la disonancia. Las cosas también se imponen por la costumbre, y 40 años es mucho tiempo. De otro modo no se explicaría que la "herencia de la dictadura" viva aún con nosotros.

La adaptación a los dispositivos de regulación propios del "modelo neoliberal" (pienso en las AFP, los colegios subvencionados, las isapres, las universidades privadas, incluso el FUT) fue muchas veces algo deseado, aceptado, o al menos no resistido. Sobre esos dispositivos, por lo demás, millones de chilenos han armado sus vidas. Y sienten que no ha sido una mala vida, ni que las últimas cuatro décadas las hayan pasado en vilo esperando a Quintana y sus retroexcavadoras. Dicho de otro modo, la "herencia de la dictadura" no está alojada solo en textos legales, sino en instituciones y prácticas arraigadas en los hábitos y la mente de las personas. Para extirparla de ahí no sirve la maquinaria pesada. Se estaría requiriendo de electroshocks o campos de reeducación.

En suma, borrar la "herencia de la dictadura" es más complicado de lo que parece. Como lo fueron, en su día, "extirpar el cáncer marxista" o la "desjudización de Europa", que acabaron en los detenidos desaparecidos y en la "solución final". Esta experiencia enseña los peligros que encierra dejarse llevar por los anhelos de limpieza. Como decía Freud, "uno empieza cediendo en las palabras y termina cediendo en los hechos". Quizás sea preferible aceptar que toda nación está formada por herencias superpuestas que sus miembros van haciendo suyas, creando ese misterioso vínculo de solidaridad que les hace sentir que participan de un patrimonio común. Y consentir, como escribiera Hannah Arendt, que "toda generación, debido a haber nacido en un ámbito de continuidad histórica, asume la carga de los pecados de sus padres, y se beneficia de las glorias de sus antepasados".

Columna de Eugenio Tironi, publicada en El Mercurio el 20 de mayo del 2014.

Mi comentario:

Es llamativo que ninguno de los líderes de la derecha haya comprendido el grado de adscripción al modelo por parte de los chilenos y que sí lo haga un columnista de centro-izquierda.

Entre las manifestaciones más graves de esta torpeza está el nulo respeto al legado que se vio bajo el gobierno de Sebastián Piñera, quien prefirió inventarse uno propio e invertir fuerte en promoverlo luego de su salida de La Moneda. Otro grave error fue el de Evelyn Matthei que, en vez de asumir la defensa del modelo atacado por la UP/DC durante la campaña, prefirió sumarse al festival de ofertas populistas adhiriendo a la postura de Piñera.

Sumado a la pusilánime actitud componedora con los izquierdistas de varios líderes derechistas (Longueira, Lavín, Carlos y Hernán Larraín, además del grupo de tránsfugas que salieron de RN), esto tuvo como efecto el retorno de la coalición que, pese a haber administrado el país por 20 años sin atreverse a plantear la demolición que describe Tironi, se saca ahora la careta de la conversión a la democracia y a la economía libre que fingió para acceder al poder en 1990.

Con todo, y comprensiblemente, Tironi le saca el cuerpo a la explicación real de la adscripción de los chilenos al modelo económico e institucional. La identificación de los chilenos con esta realidad es mucho más profunda y legítima que la que él acepta. El modelo no es una carga de los pecados de los padres sino un legado que nos enorgullece. Sus legítimos autores son de sobra dignos de ser honrados y reconocidos, tarea vergonzosamente pendiente.

9 comentarios:

  1. Tironi se contradice. Pues, ganó Bachelet escribió un artículo titulado 'Reforma o Revolución', en la que sostenía que habia que aprobar las reformas si o si, aun cuando sacaron apenas un 26% de los votos.

    Este columna la escribe para desligitimar el pronunciamiento militar al comparar el combate al terrorista con la solución final de los judíos. En realidad, la Unidad Popular pretendía un genocidio, pues están las palabras del comandante 'Pepe' del Mir, que la Revolución costaría la muerte de un millón de chilenos y del propio Mapu, al cual él pertenecía sacó una declaración en la UP que decía: “El bolichero aparece como nuestro principal enemigo, pero el que está detrás de él es nuestro verdadero enemigo. Es imposible, técnica y políticamente, eliminar a 800.000 bolicheros. Tenemos que entender que 800.000 bolicheros son técnicamente irremplazables de la noche a la mañana y, que, políticamente no podemos eliminar a 800.000 personas”.

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    1. Rescatar nuestra verdadera historia reciente es una tarea vergonzosamente pendiente.

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  2. Fue el anuncio más aplaudido del discurso de 21 de mayo el miércoles, pero uno de los más cuestionados el día después.

    La intención del Gobierno de reformar el Código de Aguas -cuerpo legal vigente desde 1981 y modificado en 2005- y de elevar a categoría constitucional el carácter de bien de uso público del agua, fue precisada ayer por el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, quien asumió la vocería de este tema.

    De paso, se intentó acallar las críticas que ya comenzaban a surgir desde la mañana.

    El ex alcalde expuso cuáles son los objetivos tras este plan: limitar el uso de los derechos de agua bajo determinadas circunstancias -como una sequía- y establecer un orden de prioridad para el consumo.

    Detrás de esto está la necesidad de corregir un error histórico sobre todo en cuencas como Copiapó y en menor medida en Limarí y Petorca: el sobre otorgamiento de derechos de agua que genera un problema grave cuando los niveles de los acuíferos bajan fuertemente, como ocurre en casos de sequía.

    Si bien no ha sido definido del todo, el ministro adelantó que lo que se privilegiará será en primer lugar el consumo humano. Y en segundo, la pequeña agricultura.

    ¿Qué significa que sea primero un bien de uso público? Que se garanticen los consumos humanos y que haya uso prioritario para la pequeña agricultura y después para el resto de las actividades. Por lo tanto parte de lo que podría hacer el Estado con este esquema es limitar el ejercicio de los derechos cuando se está especulando con ellos”, comentó ayer Undurraga.

    En el sector privado se levantó de inmediato un punto. ¿Se está buscando una especie de expropiación de los derechos de agua? El presidente de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI), Alberto Salas, señaló que aunque le parece necesario modernizar el sistema, ven un riesgo.

    “En cuanto al agua, si bien no vemos inconvenientes con que se declare constitucionalmente que es un bien nacional de uso público, sí causa preocupación que al mismo tiempo se introduzcan en la Constitución medidas que puedan afectar el derecho de propiedad de los recursos hídricos o su ejercicio”, dice el representante de la minería.

    Una visión más radical tuvo el presidente de Fedefruta, Juan Carolus Brown, quien sostuvo que un cambio constitucional podría ser muy perjudicial, incluso si lo que se busca es proteger a los propios agricultores.

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    1. Lo que la UP/DC parece no haber advertido es que el Art. 5 del Código de Aguas la declara como un "bien nacional de uso público" desde los tiempos de maricastaña. El descubrimiento de la rueda es una tendencia recurrente entre los demagogos de la centro izquierda.

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    2. Ellos quieren renacionalizar todas las aguas y, eventualmente, devolverselas a los pueblos origibnarios. Al final, seran los burocratas e intermediarios los que se beneficien d etodo el proceso.

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  3. Si hay un cambio constitucional sería sumamente grave porque afectaría el derecho de propiedad. Reconozco que hay mal uso de derechos de agua que puede haber motivado la molestia no sólo de este gobierno. Nosotros como agricultores somos usuarios primarios. Nosotros si hacemos alguna acumulación del agua es para matizar nuestro riego. No guardamos el agua para especular. Por lo tanto creo que hay que diferenciar a los usuarios del agua. No es el mismo uso que le damos nosotros que el de una hidroeléctrica”, dice el líder gremial.

    A su juicio, el debate que debe instalarse es el de acumular agua, mediante la construcción de nuevos embalses de regadío que permitan enfrentar las épocas de sequía. Esa petición también fue abordada en el discurso presidencial.

    Un motivo de preocupación es que los derechos de agua podrían ser caducados, en caso de que no se utilicen o de acuerdo con los parámetros que defina la autoridad.

    Pero el ministro Undurraga salió ayer a aclarar esas dudas, pese a lo cual no lo descartó tajantemente.

    “Mas bien lo que estamos haciendo es limitar el ejercicio de derechos. Jurídicamente es la solución más fácil de implementar de manera de no generarle al Estado un costo por una expropiación. Por lo tanto, se plantea la limitación de los derechos en función del bien común”.

    A juicio del ministro, uno de los principales problemas que se observan es el hecho de que el criterio de uso que se da se relaciona más bien con el punto de captación que con otro criterio. Esto, porque dado el estado de agotamiento de los acuíferos -sumado al sobre otorgamiento de derechos y a la sequía- quien primero extrae el agua -ejerciendo legitimamente su derecho- deja sin agua a aquellos cuyo punto de captación se encuentra más abajo.

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  4. Y quiénes están en la alta cordillera? Las mineras.

    “Fundamentalmente la minería y las actividades que se realizan mas arriba en el río son los que extraen el agua. Por lo tanto lo que nos parece es que en aquellas cuencas donde haya mayor cantidad de derechos que agua disponible, evidentemente que hay que limitar esos derechos y con criterios de uso prioritarios”, añadió.

    El gobierno cree, y así lo dijo Bachelet, que la sequía actual puede prolongarse y convertirse en un estado más bien permanente, lo que justificaría que las prerrogativas que tiene el Estado en épocas excepcionales, como lo es una sequía, queden de manera permanente.

    Privilegios para el agro
    Algunos expertos que se reunieron ayer en un taller organizado por Libertad y Desarrollo -ver recuadro- manifestaron sus dudas acerca de esa premisa. ¿Por qué privilegiar a la pequeña agricultura y no a otras actividades industriales?

    Desde el gobierno no ha habido explicación para ello, pero el ministro Undurraga aclaró que se buscará en el Congreso un consenso para definir las prioridades, aunque a priori, la visión del gobierno es fortalecer a los agricultores.

    Según el secretario de Estado, limitar los derechos significa que el costo de la escasez no lo paguen los usuarios ni tampoco la pequeña agricultura, sino que se pague en función de los usos prioritarios que definamos en el Congreso o a lo sumo proporcionalmente. “Pero no puede ser que hoy lo pague la pequeña agricultura”, dijo.

    Otro comentario emanado desde el mundo académico y privado es el hecho de que una medida de este tipo debilitará los derechos de aprovechamiento de agua, lo que invariablemente tendrá efectos.

    Susana Jiménez, investigadora de LyD, explicó que lo que se dio a conocer en el discurso es sólo el titular, porque lo que se busca es un cambio más de fondo, que se asemejan a los proyectos de ley que están actualmente en el Congreso, y que se estarían reflotando. “Ellos buscan derogar normas constitucionales que garantizan la propiedad sobre los derechos de aprovechamiento del agua otorgados por el Estado a los particulares (...) Lo anterior puede ser una señal alarmante para todos los agricultores, prestadores de servicios básicos como la luz y el agua y desarrolladores de actividades económicas, como la minería, que verían debilitados sus derechos de aprovechamiento de agua”, comentó.

    Precisamente, lo que se hará es levantar un proyecto de ley que fue ingresado durante el primer gobierno de la Presidenta Bachelet al Parlamento, pero que fue bloqueado por el gobierno del ex presidente Piñera, y que buscaba reformar el Código de Aguas.

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  5. Los posteos anteriores corresponden a un articulo publicado hoy en Pulso.cl

    Es tal el cumulo de iniciativas enviadas al congreso, que mas de alguna se va a aprobar sin la debida discusion: esta es una de ellas, que tendra importantes implicancias para la Mineria y la Agricultura, ademas del agua para consumo de ciudades.

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    1. Ese es el truco, enviar los proyectos siguiendo el mismo procedimiento de los balurdos del cuento del tío. Indigna en todo esto la lentitud de los dirigentes de la derecha para denunciar con la debida energía este verdadero ataque al funcionamiento de la institucionalidad.

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