Ya pasó la hora de negociar

Buena parte del avance del totalitarismo se logra con la estupefacción que provoca en los perseguidos. Pero cuando la reacción es de enfrentarlos, es típico que ese avance se detenga.

Eso pasó en el caso del venezolano general (r) Angel Vivas que el régimen de Maduro quiso apresar por sus declaraciones contra la penetración de elementos cubano castristas en la cúpula de las fuerzas armadas.

Como acostumbra, el régimen despachó una patrulla armada en varios vehículos a prender al ex general, pero se encontraron con que Angel Vivas se encaramó a una terraza de su vivienda armado con un fusil ametralladora dispuesto a defenderse y a caer matando.

Y ahí lo tienen, todavía en su casa. Los valientes encargados nunca se pusieron de acuerdo en quién pondría pecho al frente para agarrar al rebelde general.

Esta misma actitud, aún sin llegar al uso de armas (pero cuidando de mantener la pólvora seca) es la única que detiene a una dictadura en ciernes como es el actual régimen de la UP/DC en Chile.

Con la complicidad del aparato de justicia (plagado de elementos políticamente afines) y de los medios también plagados de periozurdos, por años el régimen UP/DC ha perseguido y condenado a militares y ahora va tras la oposición por la vía de arrastrarlos a tribunales bajo cargos de irregularidades en el financiamiento de las campañas electorales. Irregularidades que, todo chileno sabe, el grupo en el poder ha cometido en una magnitud mucho mayor que los perseguidos.

Es increíble que el fiscal estrella en este persecución sea un militante socialista estrechamente vinculado a las orgánicas del castrismo local y que, sin inhibirse en modo alguno, se mande declaraciones inflamatorias, filtre a la prensa datos que destruyan la imagen de los procesados y encima de eso organice incautaciones de documentos con cobertura de prensa en tiempo real.

Si faltaran señales de una justicia sesgada, es cosa de ver cómo actúa la misma justicia cuando se trata de irregularidades protagonizadas por agentes del régimen. En esos casos se impone el secretismo y hasta se amenaza a quienes filtren información (como hizo Solange Huerta para proteger a Bachelet acusada por inoperancia en el manejo de la emergencia del terremoto del 27F).

Un ejemplo de hace algunas semanas del arrojo que mostró el general Vivas fue el de Cristián Labbé, a quien no le temblaron las piernas para declarar que él no era perseguido por la justicia sino por el gobierno. Ayer Jovino Novoa se negó a declarar ante los fiscales de pacotilla y les acusó de todo este montaje. Su ejemplo prendió y una firma querellada por fiscales de izquierda para involucrar a derechistas también rechazó toda responsabilidad y, encima de eso, acusó también de inaceptable sesgo a sus acusadores.

Hoy acabo de escuchar en Radio Agricultura al presidente subrogante de la UDI apoyando a Novoa y abundando en pruebas de la maquinación judicial del gobierno.

Pues ésto es lo que hay que hacer. Si un fiscal o juez zurdo se niega a ser recusado simplemente no hay justicia. Como no la ha habido en el juzgamiento de militares, que ante la impasividad de los que hoy prueban esta medicina, están encarcelados y cumpliendo penas espurias.

Esta es una de las cuestiones que debió ser enfrentada con decisión durante el gobierno de Piñera y que se haya exacerbado hasta llegar a los extremos actuales es consecuencia directa de esa criminal omisión.

Aunque el daño inferido ya es bien grande, aún se puede detener el avance del totalitarismo y con la valentía que hasta ahora se mantenía guardada enfrentar al régimen y, de paso, pasarle la cuenta a quienes nos han metido en esto.