por Hermógenes Pérez de Arce
En la parte de abajo de las páginas de crónica se informa que el Estado, la Fiscalía Sur, la asociación gremial "Hoteles de Chile" y la parroquia Inmaculada Concepción deberán pagar 520 millones de pesos (más de un millón de dólares) a quienes fueron imputados por la colocación de numerosas bombas terroristas en la capital, en los últimos años, todos los cuales (salvo el único al que le estalló la bomba entre las manos) fueron liberados de todo cargo por la justicia.
Los hoteles y la parroquia se hicieron parte en la causa por los bombazos por una razón muy sencilla: en los establecimientos de los unos y de la otra estallaron artefactos terroristas.
Entonces las respectivas instituciones hicieron lo que es legal, natural y obvio: lo denunciaron a la Fiscalía y se hicieron parte como querellantes. ¿Qué otra cosa pueden hacer las víctimas de los delitos? Está en el interés social que obren de esa manera, porque cooperan con la persecución de actos que provocan temor en la ciudadanía y ponen en peligro la integridad y la vida de las personas, y así ayudan a disuadir a sus autores de cometerlos. Y además, como es obvio, el Estado debe actuar a través de sus fiscales en las mismas causas. La Fiscalía Sur no podía hacer otra cosa que la que hizo. Es su misión.
Bueno, sabemos que las más de seis mil pruebas presentadas por ella fueron desechadas por los jueces de la nueva justicia penal, salvo en el señalado caso del terrorista al cual le estalló la bomba entre las manos. Pero a éste la misma justicia lo absolvió del cargo de autor de delito terrorista, porque sostuvo que no se acreditó que instalar y hacer explotar bombas provoque temor en la población. ¿No significa eso ya no sólo una burla de la legalidad, sino del propio sentido común? Por añadidura, a ese único terrorista procesado no lo condenó como tal, sino como autor de otras conductas de escasa penalidad.
¿Y no choca aún más con el sentido común que las víctimas de los delitos sean sancionadas por acudir a la justicia y que los únicos hechores sindicados queden libres y terminen recibiendo un sustantivo pago? Porque es un hecho que los ciento veinte bombazos registrados ya no tienen autor conocido, según "la verdad judicial" consagrada por los tribunales. Las pruebas aportadas por la Fiscalía fueron desechadas y, como nadie aporta otras, no hay siquiera posibles imputados. Esto significa que, judicialmente, los ciento veinte bombazos no tuvieron un hechor.
En fin, atenta también contra el sentido común que el Estado, que hizo lo posible por hallar a los implicados en los delitos y reunió esos miles de pruebas en su contra, sea también sancionado con esa alta pena pecuniaria. ¿Qué debería haber hecho el Estado? ¿Decirles a las víctimas que no podía hacer nada, para librarse de la sanción?
Hacia allá vamos. Éste se ha convertido en un país en que los delincuentes gozan de todas las garantías y quienes actúan contra ellos terminan siendo no sólo víctimas de aquéllos sino también víctimas de la justicia.
Junto con la muerte lenta de la legalidad se registra, entonces, la muerte mucho más acelerada del sentido común.
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Los hoteles y la parroquia se hicieron parte en la causa por los bombazos por una razón muy sencilla: en los establecimientos de los unos y de la otra estallaron artefactos terroristas.
Entonces las respectivas instituciones hicieron lo que es legal, natural y obvio: lo denunciaron a la Fiscalía y se hicieron parte como querellantes. ¿Qué otra cosa pueden hacer las víctimas de los delitos? Está en el interés social que obren de esa manera, porque cooperan con la persecución de actos que provocan temor en la ciudadanía y ponen en peligro la integridad y la vida de las personas, y así ayudan a disuadir a sus autores de cometerlos. Y además, como es obvio, el Estado debe actuar a través de sus fiscales en las mismas causas. La Fiscalía Sur no podía hacer otra cosa que la que hizo. Es su misión.
Bueno, sabemos que las más de seis mil pruebas presentadas por ella fueron desechadas por los jueces de la nueva justicia penal, salvo en el señalado caso del terrorista al cual le estalló la bomba entre las manos. Pero a éste la misma justicia lo absolvió del cargo de autor de delito terrorista, porque sostuvo que no se acreditó que instalar y hacer explotar bombas provoque temor en la población. ¿No significa eso ya no sólo una burla de la legalidad, sino del propio sentido común? Por añadidura, a ese único terrorista procesado no lo condenó como tal, sino como autor de otras conductas de escasa penalidad.
¿Y no choca aún más con el sentido común que las víctimas de los delitos sean sancionadas por acudir a la justicia y que los únicos hechores sindicados queden libres y terminen recibiendo un sustantivo pago? Porque es un hecho que los ciento veinte bombazos registrados ya no tienen autor conocido, según "la verdad judicial" consagrada por los tribunales. Las pruebas aportadas por la Fiscalía fueron desechadas y, como nadie aporta otras, no hay siquiera posibles imputados. Esto significa que, judicialmente, los ciento veinte bombazos no tuvieron un hechor.
En fin, atenta también contra el sentido común que el Estado, que hizo lo posible por hallar a los implicados en los delitos y reunió esos miles de pruebas en su contra, sea también sancionado con esa alta pena pecuniaria. ¿Qué debería haber hecho el Estado? ¿Decirles a las víctimas que no podía hacer nada, para librarse de la sanción?
Hacia allá vamos. Éste se ha convertido en un país en que los delincuentes gozan de todas las garantías y quienes actúan contra ellos terminan siendo no sólo víctimas de aquéllos sino también víctimas de la justicia.
Junto con la muerte lenta de la legalidad se registra, entonces, la muerte mucho más acelerada del sentido común.
Publico este atinado post de don Hermógenes aquí porque resulta casi imposible comentarlo en su propio blog, plagado de trolls zurdos que emporcan sus páginas.
ResponderEliminarTenía planeado comentar esta resolución judicial que nos termina culpando a todos (el Estado somos todos nosotros, no el gobierno) por delitos en los cuales jamás nos involucraríamos. Al tiempo que deja libres de toda culpa y PREMIADOS con dinero a los terroristas.
Y, reitero, es penoso que seamos los particulares los que reclamemos contra este estado de cosas mientras el gobierno que hemos elegido para, entre mil otras cuestiones pendientes, combatir esta lacra se mantiene pasivo y mirando como idiota.
Vaya, me alegro de esta medida, ya es imposible opinar en el blog de Hermógenes. Su tolerancia pasó a tontera. No puedo entender que vea impasible como un grupo de zurdos destruye a vista y paciencia de él su blog.
ResponderEliminarNo entiendo como critica al gobierno por tu tolerancia, su permisividad y él hace lo mismo.
La verdad que no tengo a mano todos los antecedentes para opinar. Yo tenía claro que en caso de absolución el Estado debía indemnizar, pero no tengo los antecedentes de la presunta norma que hace extensiva esa obligación a las fiscalías y también a los querellantes especialmente en los delitos de acción publica.
Al contrario del antiguo procedimiento penal, en las querellas era el querellante el que llevaba el peso del juicio, aportaba las pruebas, movía el juicio y claro si era infundada el querellado podía accionar contra él, pero en el nuevo procedimiento penal es sólo un coadyuvante del fiscal, en general, el querellante se hace parte contra el presunto culpable señalado por las policias y la fiscalía. Y si éstos se equivocan, hacen mal su trabajo, no adjuntan las pruebas necesarias, como el querellante va a responder pecuniariamente de los errores o negligencia del respectivo fiscal?
Pero la culpa no es del chancho. Acá los parlamentarios aprobaron un procedimiento penal garantista al máximo en resguardo de los DD.HH del delincuente, la concertación estaba obsesionada con el tema, pero se les olvidaron los DD.HH de la víctima que quedó abandonada a su suerte, si hasta una defensoría penal se creó para la defensa de los delincuentes y sus integrantes salieron más hábiles que los fiscales. Bueno, entre las garantías que se les dió a los jueces de garantía está precisamente el derecho de declarar la pertinencia o impertinencia de las pruebas presentadas por la fiscalía o a veces por el querellante.
En este caso los jueces, zurdos evidentemente, sólo se valieron de la ley.
El sentido común murió hace muchos años en Chile, no recientemente y la derecha boutique ha tenido gran culpa en esa muerte.
Como estoy en el campo, no tengo muchos antecedentes de ese juicio, pero si la justicia deshechó más de seis mil pruebas como dice Hermógenes, Por qué en su oportunidad no hicieron pública esa situación, de una manera que causara cierto revuelo, que los parlamentarios se dieran cuenta de los errores cometidos
Pues yo creo que tus preguntas van al meollo:
EliminarCómo es que un esquema como éste pudo imponerse al sistema antiguo sin reparar en estos gravísimos errores que te hacen responsable de procesos que no manejas, basta con que presentes la denuncia y quedas entregado al actuar de funcionarios que siguen sus propias aguas.
Cómo es que no se reparó en el proceso de implementación que amenazaba desde su inicio ser manipulado por el gobierno de la época, resultando ahora en que todo el poder judicial está siendo controlado políticamente.
Cómo es que los actores políticos y el gobierno observan impasibles el actuar de jueces atrabiliarios que desechando miles pruebas transforman a delincuentes en sujetos de indemnización.
Como puse en un artículo anterior, éste es uno de los temas en los que se ha notado la absoluta inoperancia —por torpeza o por intereses creados— del gobierno que se suponía los chilenos instalamos para resolverlos.