Para verdades, el tiempo... y para mentiras, también

Por estos días, un juez de izquierdas enquistado en el aparato judicial ha ordenado la aprehensión y sometimiento a juicio de dos ex oficiales de la fuerza aérea que se desempeñaron hace 38 años en la unidad donde testigos (también de izquierda) han declarado que se practicaba torturas, acusándolos de la muerte del ex general de brigada aérea Alberto Bachelet Martínez, padre de la ex agitadora castrista Verónica Bachelet, también conocida como Michelle Bachelet y —para eterna vergüenza— como ex presidenta de Chile.

Siendo espeluznante que luego de ese tiempo alguien descubra que el ataque cardíaco que causó la muerte del militar pueda recién hoy achacarse a esos acusados, el disparatado fundamento de este funcionario es que ello ocurrió porque Bachelet habría estado debilitado por torturas.

No se sabe de un relato documentado de esas torturas ni menos aún de algún informe médico que certifique el estado de debilidad resultante en el reo Bachelet. De haber existido algo en ese sentido es del todo imposible suponer que fuera autorizado a participar en un encuentro deportivo tan exigente como el match de basquetbol que hasta hoy aparecía como el antecedente del episodio cardíaco que le ocasionó la muerte.

De hecho, el fallecimiento de Alberto Bachelet Martínez fue una contrariedad para el proceso al que estaba sometido. Él fue sólo una de las 60 personas sometidas a Corte Marcial por el intento de penetrar a la FACH para entregarla al control del castrismo gobernante, pero el proceso se encontraba todavía en curso, esperando seguramente que aportara los antecedentes para mejor resolver este gravísimo asunto. 

El objetivo confesado y evidente del gobierno castrista que lideraba Salvador Allende era perpetuarse en el poder clausurando el desarrollo democrático del país, a la manera que lo hizo Fidel Castro en Cuba y que está a punto de consagrar Hugo Chávez en Venezuela, con émulos en Ecuador, Bolivia, Nicaragua y el apoyo de la cáfila populista que gobierna Argentina. Y para ese objetivo la estructura profesional y patriótica de nuestras fuerzas armadas era un serio problema.

En el sitio web Consejo de Guerra se han publicado las actas de ese proceso detallando las maniobras en las que estuvieron involucrados los sometidos a proceso, pero vista la trayectoria posterior tanto de su esposa como de su hija, la vinculación de este militar con los intereses del castrismo es más que obvia y, por lo tanto, es claro que había razón de sobra para apresarlo y enjuiciarlo.

Aquí copio la resolución judicial que sobreseyó a Bachelet por causa de su fallecimiento, con el resumen de los cargos formulados y el asentimiento del tribunal a la solicitud del abogado defensor de suspender el proceso sin formularle cargos post portem.

VIGESIMO
Respecto del reo Alberto Bachelet Martínez.

A) Que se le acusa como autor del delito de incumplimiento de deberes militares, previsto en el N° 3 del artículo 299 del Código de Justicia Militar.

B) Que con el parte de fs. 1 declaraciones de Matilde Bravo a fs. 11 vta., Manuel López a fs. 12, 13 vta., y 91, Patricia Leiva a fs. 14, Raúl Jiménez a fs. 16, Luis Acuña a fs. 17 y 91 vta., Víctor Aguilera a fs. 19, Pedro Vallejos a fs. 20, Eduardo González a fs. 22 vta., Carlos Jiménez a fs. 24, Eduardo Balcazar a fs. 25, Higinio Vásquez a fs. 27 vta., Manuel Piñeida a fs. 28 vta. y 98, María Teresa Wedeles a fs. 57, Gustavo Ibarra a fs. 90, Raúl Vergara a fs. 144 vta. y 229, Eladio Cisternas a fs. 167 y Daniel Aycinena a fs. 234 y documento de fs. 278, se encuentran establecidos los siguientes hechos: que el reo Bachelet asistió a numerosas reuniones que se realizaron en las oficinas del reo Carlos Lazo, en la Vicepresidencia del Banco del Estado y a las cuales concurrieron, en algunas oportunidades, el reo Ernesto Galaz, el reo Erick Schnake, el extremista Carlos Altamirano y un Oficial de Carabineros de apellido Bastías; que en las mismas oficinas Bachelet se reunió en varias oportunidades con individuos de nacionalidad cubana, bajo el pretexto de estudiar problemas de distribución de alimentos, no obstante realizar estas reuniones fuera de las oficinas de la Secretaría de Distribución en donde este reo era el jefe y hacerlo, precisamente, en el lugar en que se estaba gestando el plan sedicioso analizado en este fallo; que las reuniones de Bachelet se realizaron, como se ha dicho, en las oficinas de Carlos Lazo quien fue uno de los principales cabecillas del movimiento para producir la sedición en las Fuerzas Armadas y con asistencia de algunos de los responsable de más importancia; que el reo Vergara trabajaba bajo las órdenes directas de Bachelet en la Secretaría de Distribución de Alimentos y este último pudo apreciar las reuniones que hacía el primero con personal de la Fuerza Aérea para los fines sediciosos mencionados; que a petición del reo Vergara realizó, en su domicilio particular, una reunión con los dirigentes del MIR, Pascal y Enríquez.

C) Que este Consejo de Guerra fue convocado para juzgar, entre otros, a Alberto Bachelet. Sin embargo, consta en el documento de fs. 1254 su defunción ocurrida el 13 de marzo de 1974, esto es, antes que el Consejo iniciara sus funciones.

D) Que el abogado señor Alfredo Etcheberry presentó el escrito que rola a fs. 3600, solicitando que se sobresea definitivamente en favor de su defendido por haber fallecido, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 93 N° 1 del Código Penal, petición que corresponde acoger, sin que el Tribunal entre a pronunciarse sobre la responsabilidad de este reo.

La decisión del tribunal acogiendo la solicitud del abogado defensor no generó ningún agradecimiento familiar por esa magnanimidad sino al contrario.

Su hija y su esposa se involucraron en la lucha armada contra el gobierno militar y en tal calidad fueron capturadas, interrogadas y luego expulsadas del país y viajaron a Australia y, por su cuenta, a Alemania del Este, controlada por las fuerzas que ellas defendían en suelo chileno.

Pero ello no obstó para que cuando volvieron al país, se involucraran nuevamente en la actividad —esta vez en favor de la coalición de centro izquierda que los chilenos sacaron de La Moneda en el 2010— y bajo el régimen pasado cobraran millones de pesos como "indemnización" por la muerte de Alberto Bachelet.

Tal es el estado de la justicia en Chile.