Subiéndose al carro de un crimen deleznable.

Por estas horas se discute bajo la presión de la Suma Urgencia, una ley anti discriminación que desde hace años duerme en el Congreso. Varios diputados desconocen el texto y se ven ahora forzados a aprobarlo o rechazarlo sin tener tiempo de reflexionar las implicancias de las normas que se ha de imponer.

El alevoso asesinato y tortura de un joven homosexual ha sido instalado por organizaciones gays y de izquierda como cruel ejemplo de la intolerancia a la homosexualidad. Estos grupos han sido exitosos en gatillar la premura del gobierno para poner esa iniciativa en tabla, pero, siendo que las actuales normas prevén la pena máxima para este tipo de delitos, nadie piensa que sea factible sacar una ley que aumente la penalidad del hecho.

La verdadera agenda de estos grupos es imponer legislación que instale la homosexualidad como una conducta tan válida y socialmente beneficiosa como la heterosexualidad, hasta ahora considerada "equivocadamente" como lo normal.

Con mayor razón que los legisladores, desconozco las normas que se quiere imponer, pero sospecho que van en la línea de transformar en delito cuestiones que hasta ahora no lo eran, como por ejemplo incorporar personajes homosexuales a shows cómicos (donde también caen los mujeriegos, los tímidos, las coquetas, los gordos, los viejos, los tontos, los tartamudos, los ciegos, los cojos, los peruanos, los argentinos, los gallegos, ...en fin). Capaz que por imperativo de la nueva legislación desde ahora en adelante se transforme en delito reírse de las mil y una condiciones humanas.

Otra cuestión que me huele estar cocinándose es la relativa a imponer una definición de la homosexualidad como algo tan normal y deseable como la heterosexualidad, con lo cual se abriría la puerta para que estas personas puedan exigir que las normas matrimoniales civiles (que en Chile se redactaron a fines del siglo XIX emulando el matrimonio católico, condición entonces ineludible para que los católicos aceptaran someterse a él y "casarse por todas las leyes"), ya dejen de exigir que los comparecientes sean un hombre y una mujer que se proponen fundar una familia y procrear.

Desde ahí queda muy a la mano imponer la noción de que da lo mismo que los niños crezcan y se desarrollen en un matrimonio de homosexuales que en uno de "papá y mamá".

Personalmente, carezco de todo prejuicio respecto de un homosexual. He tenido amigos, compañeros de estudio y de trabajo de esa condición y, al igual que las demás personas de los grupos en que he convivido, no me ha tocado presenciar gestos de discriminación ni rechazo a estas personas. Todos sabemos en qué consiste la homosexualidad, pero la constante es que en grupos "mixtos" (donde haya uno o más homosexuales) sobre esas prácticas simplemente no se habla.

Si esto también ha de cambiar, me adelanto a comunicar a mis amigos y conocidos de esa condición, que considero ofensivo escuchar relatos o referencias a la práctica homosexual. Reconozco el total derecho de los homosexuales a la más plena dignidad y respeto, pero el intento de sacar a la superficie hechos o circunstancias de esa práctica lo veo como una agresión.

Si se consiguiera terminar con el matrimonio "tradicional" para decretar una institución más "general" o anodina, que sirva tanto para heterosexuales como para homosexuales, no diviso la conveniencia de poner ambas condiciones en un mismo plano de derechos a subsidio y protección.

Si se impone legislación para permitir la adopción o la entronización en parejas gay de hijos concebidos en un mercado de vientres arrendados, no estoy seguro de que haya suficiente evidencia del efecto en la formación de esos niños.

En resumen, veo todo esto como una arremetida gay que en cierta medida arrincona a las parejas heterosexuales, las despoja de su entorno normativo que les ha sido propio desde siempre y que al pasar a considerarlas lo mismo que si fueran homosexuales no las enaltecen ni les hacen ningún favor.

Si desaparece el matrimonio civil privativo de hombres y mujeres, quizás habrá que volverse al matrimonio eclesiástico y reconocerle pleno valor legal, sin exigir a los matrimonios someterse a leyes que no han sido hechas para ellos. Es decir, volver a los años previos a 1875.