Educación, la madre de las batallas

Objetivo no confesado del "movimiento"

Al principio de este gobierno supuse que no había necesidad de componer artículos sobre educación porque en la derecha se cuenta con los mejores expertos que es dable encontrar en Chile.

Aunque Joaquín Lavín no pertenece a ese grupo, pensé que su experiencia (como profesor, decano y operador de educación superior) y su talento ejecutivo eran suficientes para conformar equipos capaces de poner orden en esta área, devastada por las políticas totalitarias del régimen pasado.

Pero las emergencias del terremoto ocurrido pocos días antes de asumir dieron ventaja a la oposición para poner en marcha la agresiva movilización "estudiantil" que, lamentablemente, pilló desprevenidos al gobierno y a Lavín.

Supongo que no hubo tiempo de dar a conocer el estado calamitoso en que se encontraba la educación sujeta al Estatuto Docente ni de presentar un plan coherente de medidas correctivas de esta situación. Esta suposición es un tanto gratuita porque no calza con el talante de Sebastián Piñera, que nunca desde que asumió ha hecho denuncias concretas ni un recuento objetivo y público de los enormes daños que el concertacionismo ocasionó no sólo a la educación estatal sino a casi cada aspecto de la vida ciudadana.

Felipe Bulnes, el sucesor de Joaquín Lavín —prácticamente expulsado de su puesto por la oposición actuando bajo el disfraz del "movimiento estudiantil"— se encontró con un plan desestabilizador ya en marcha y con momentum suficiente para desplegarse con mensajes perturbadores e inusitada violencia en varios frentes. Pese a ello logró llegar a fin de año sin desgracias irreparables (que eran y siguen siendo parte de los objetivos del "movimiento") y presentar al Congreso el plan que el terremoto postergó, no sin menoscabo de su disposición para seguir en la brega.

Llegado el nuevo reemplazo, Harald Beyer, el cuadro actual es incomparablemente menos ventajoso que el que hubiera correspondido sin terremoto y sin la incomprensible postura componedora del Presidente con los líderes de la oposición. A pesar de esto, aprovechando estos pocos días en que la oposición está impedida de rearticular el "movimiento" y sacando las lecciones de rigor, creo que es posible enfrentar este asunto en mejor forma y plantear al público lo que hay que hacer en educación en Chile, aclarando los muchos disparates que el activismo opositor ha instalado y machaca en todos los medios.

¿Qué hay que aclarar?

Lo primero que hay que establecer es que la cuestión universitaria es el último de los temas vinculados a los planes y políticas que el gobierno puede promover en educación. La disparatada mezcla de todos los niveles en una sola "plataforma" busca bloquear el análisis que permita identificar dónde están los problemas. Las cuestiones asociadas al financiamiento han funcionado por varios años sin grandes zozobras y resolver las distorsiones no es comparable en complejidad y costo al rescate urgente de cientos de miles de niños condenados a una formación escolar paupérrima.

La decadencia de establecimientos universitarios estatales es un problema para ellos. Por este motivo el régimen pasado sustrajo del conocimiento público los resultados de los estudios acerca del destino laboral por universidad —lo que en mi opinión es un delito. Lejos de allegar todavía más fondos para mantener esa mediocridad, la autoridad debe exigir responsabilidades administrativas y financieras, cuestión que ni siquiera supone iniciativas de ley.

Otro asunto gravísimo que espera ser aclarado es que el foco de los daños en materia educativa está en el sector que los activistas quieren expandir e imponer como el único sujeto a financiamiento fiscal. Que nadie en el gobierno aclare este asunto con la debida energía es algo que ya no admite demora. La hecatombe afecta con gravedad el sector de las escuelas sometidas al estatuto docente que impuso el gobierno de Aylwin para impedir la descentralización educativa. De no haber mutilado la capacidad de los municipios para gestionar el personal docente y centralizarla políticamente en el gobierno, se habrían salvado cientos de miles de niños hoy condenados DE POR VIDA a la mediocridad.

En junio del año pasado nos referimos a los efectos del Estatuto Docente y en todo este tiempo no ha salido nadie del gobierno a denunciar ese verdadero crimen que se ha cometido con tanto niño. Las familias han arrancado y siguen haciéndolo cada año hacia las escuelas particulares subvencionadas, pese a que el activismo quiere terminar con ellas porque "lucran" con la educación. Varias escuelas municipales han tenido que cerrar y conformar alumnado con la suma de otras para mantener las que vayan quedando.

Aclarando estas dos cuestiones, no importará mucho lo que haga la oposición detrás del activismo. La exposición pública de estos asuntos no será gran novedad para las familias que conocen mejor que cualquier experto la terrible realidad que les ha tocado vivir.

Lo importante es el efecto en la moral de los que luchan por rescatar a los niños, terminar con la lacra del Estatuto Docente e implantar medidas para mejorar los estándares de la educación pública en general (quienquiera que sea el operador de cada escuela).

Enseguida hay que preocuparse de convocar a los estudiantes vocacionales (de especialidades técnicas, tanto a nivel secundario como terciario), que son la enorme mayoría, y darles a conocer el plan que se ha pensado para que ellos obtengan beneficios al menos comparables a los que por tantos años han recibido los que estudian sociología, antropología, geografía y otras vainas de dudosa utilidad para el desarrollo nacional.