Verdaderas causas de una derrota

Los analistas del oficialismo coinciden en achacar la derrota de su coalición a un “desgaste natural”, a una incapacidad “de gobernarse a sí misma a la luz de los cambios que ella generó” y a razones similarmente románticas que evaden las causas que todos conocemos.

Quizá el único cercanamente atinado ha sido Enrique Correa (La Segunda, ayer) “La ciudadanía nos ha instalado en la oposición no por nuestras políticas, sino por nuestras prácticas...”, que aunque no las menciona, son: corrupción, demagogia y totalitarismo.

Vamos por orden.

Corrupción.

Si los cuatro Presidentes concertacionistas han practicado el nepotismo (han favorecido a hijos, parientes y amigos con becas, subsidios y empleo); se han remunerado ilegítimamente y han evadido impuestos; y encima de eso han establecido partidas presupuestarias para favorecerse personalmente luego de dejar el cargo... no puede esperarse que la legión de altos funcionarios y operadores políticos enquistados en el funcionamiento del aparato estatal, la enorme población de funcionarios de todo orden y los proveedores “favorecidos” no hayan hecho su mejor esfuerzo por “agarrar algo” del botín estatal.

Y así ha sido, todo Chile lo ha presenciado... y la magnitud de las irregularidades o francos delitos se cuenta por varios miles de millones de dólares.

Demagogia.

Por otro lado, la distorsión de la verdad histórica y la imposición de monstruosos mitos como verdad oficial ha consumido ingentes recursos e infraestructura que las cuatro administraciones han mantenido celosamente para arrinconar a la oposición, para evadir el examen de lo obrado por la criminal dictadura castrista de Allende y, principalmente, para aferrarse al poder.

Este constante esfuerzo de desinformación, que partió desde antes de llegar al poder mediante financiamiento extranjero, ha devenido en un gigantesco aparato de propaganda que los mismos chilenos pagan con sus impuestos y que constituye la más grande agrupación continental de periodistas, expertos de imagen y agentes de desinformación que —además— se encargan de instalar en la opinión las “reivindicaciones” que han servido al poder para generar tensiones en las empresas, en el sistema educativo y hasta en las instituciones de derecho natural (familia, matrimonio, sexualidad); y para adocenar a cientos de miles de ciudadanos humildes haciéndolos dependientes de la ayuda prestada por “el estado”.

Asimismo, los gobiernos concertacionistas han tejido toda una red de vinculación de intereses político-gremiales con las cúpulas sindicalistas, para el control de las poblaciones de trabajadores, aún con serio perjuicio para sus expectativas de empleo alternativo e incremento de sus remuneraciones reales; y han fortalecido sus vínculos con el castrismo y los gobiernos afines, debilitando la seguridad y estabilidad del funcionamiento de nuestra capacidad productiva y de servicios.

Totalitarismo.

En el transcurso de 20 años, los cuatro gobiernos concertacionistas han ido corriendo la cerca de las atribuciones del poder en desmedro de la libertad y soberanía de las personas y de sus comunidades reales (ciudades, comunas, pueblos).

El gobierno nacional ha reclamado para sí la potestad de regular y administrar los sistemas locales de transporte público; los planes reguladores y proyectos de desarrollo urbano (cuestión que se cruza con prácticas de corrupción al momento de licitar concesiones y proyectos de desarrollo); las vías de comunicación; la educación pública, mutilando la soberanía local para administrar escuelas y apropiándose de la formulación de planes de estudio e imposición de material impreso; la prestación de servicios de salud, agrupando bajo su control hospitales, centros de atención primaria y todo el personal profesional y paramédico.

Además, el gobierno ha incrementado su capacidad de control del aparato judicial, favoreciendo a políticos afines en la concesión de servicios de defensoría, poblando el nuevo sistema de procuraduría con gente de su “sensibilidad” partidista e incluso introduciendo jueces de ese perfil (algunos de militancia comunista y pasado extremista de izquierda) en la magistratura con resultados pavorosos en lo relativo al prestigio y credibilidad de ese poder del estado. Ni hablar de las organizaciones gremiales judiciales, que han caído de lleno en el control total del “progresismo” (con consecuencias que se harán todavía más evidentes con el cambio de gobierno).

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Un reporte exhaustivo de las prácticas corruptivas, demagógicas y totalitarias de la coalición hoy derrotada demandaría varios tomos, pero baste este brevísimo vistazo para probar que las verdaderas razones que los chilenos han tenido en cuenta para desalojarla no tienen nada que ver con las que ensayan los analistas del oficialismo, demasiado acostumbrados a que sus mitos sean impuestos como verdad por el aparato de propaganda.