"No más AFP", la devastadora verdad

Cuando se implementó el sistema de ahorro individual para la jubilación (AIJ) en 1981, se estableció que las entidades encargadas de recibir esos fondos para su administración —Administradoras de Fondos de Pensiones o AFP— debían tener giro único, un gran capital de resguardo, debían garantizar una rentabilidad mínima a los fondos (so pena de perder su administración, reponer la rentabilidad perdida —mínima de UF+4%— y traspasarlos a otro operador viable dentro del mismo sistema) y, llegada la instancia, acoger las solicitudes de jubilación siguiendo un protocolo que obligaba a certificar las opciones que la ley estableció con todo detalle.

A la vuelta de los políticos el AIJ tenía apenas 8 años de creado y ya había acumulado fondos significativos que, buscando su rentabilidad, fueron invertidos (siguiendo estrictas normas) en diversos instrumentos de renta fija y en la compra de acciones en las más promisorias empresas chilenas. Los espectaculares índices de crecimiento económico (8% anual) que entonces presentaba Chile no habrían sido posibles sin este estímulo.

Por supuesto, el repunte del ahorro nacional que generó el sistema de AIJ no fue el único factor de crecimiento. Antes de él partieron varios complicados procesos que lo hicieron factible, como ejemplos (lista no es exhaustiva):

• abandono de la fijación estatal de los precios, enfrentando un gran cambio cultural que tomó tiempo afincar entre chilenos convencidos de que el precio de bienes y servicios era el que determinaba una oficina llamada Dirinco y no el mercado. 
• término de los subsidios a la industria y a operadores financieros que no sobrevivían en un ambiente competitivo, proceso que gatilló miles de quiebras en el área textil y otras que gozaban de protecciones y amparo financiero estatal.
• salida del gobierno de su rol empresario mediante la licitación de activos de producción y servicios, proceso mal etiquetado como "privatizaciones" e incompleto (dejó afuera a Codelco, TVN, ENAP y muchas otras que muy equivocadamente el gobierno militar consideró "estratégicas")
• levantamiento de las restricciones al emprendimiento industrial, comercial y financiero (antes de esta desregulación, las exigencias para emprender eran tales que solo lo lograban quienes tuvieran muchos y buenos contactos con los políticos)
• apertura de los mercados, terminando con los monopolios y con otras áreas "estratégicas" reservadas para el estado (Ej.: telecomunicaciones, minería, acero)
• orientación al comercio exterior: baja de aranceles, eliminación de barreras a la importación y a la exportación, neutralización de las mafias portuarias y apertura a la operación independiente de puertos. El país estaba listo para convenir tratados de libre comercio con cualquier nación, pero las iniciativas en esa parte chocaron con la oposición y sabotaje internacional de los mismos que hoy están en el gobierno de Chile.

Aunque bajo la centro-izquierda no se pudo revertir ninguna de ellas, estas iniciativas se han quedado "hasta aquí", no han avanzado en su orientación natural de libre mercado. Los tratados de libre comercio que vinieron después sirvieron para el lucimiento de los primeros gobiernos políticos, el TLC con USA estaba listo desde siempre pero el Congreso de ese país negaba a la Casa Blanca el Fast Track, haciéndolo inviable en plazos razonables. Una vez levantada esa restricción el TLC pudo firmarse bajo Frei Ruiz-Tagle quien descaradamente reclamó para sí el mérito de ese acuerdo. Aparte de que los TLC no habrían sido factibles sin estas medidas previas, su aporte real al crecimiento es discutible. Por ejemplo, el intercambio con China —que podría ser significativo para todos los ámbitos productivos locales— es más bien restrictivo por las políticas chinas que no garantizan respeto a la propiedad intelectual ni industrial y francamente dañino en lo referido al cobre, que ellos obtienen a precio vil merced a un lesivo convenio de futuros con Codelco (el lucro cesante por esta vía es de muchos miles de millones de dólares y crece de año en año).

En otros ámbitos, como la descentralización de la educación, a los pocos días de asumir los concertados sí revirtieron los avances, arrebatando a los municipios el derecho a administrar el personal docente y concentrando atribuciones en materias pedagógicas en el Mineduc. Iniciativas similares sufrieron los servicios de salud, el sistema de TV y diarios de propiedad estatal; el transporte local en el área metropolitana de Santiago y otros ámbitos que hoy son forados gigantescos del crecido ámbito de dominio del gobierno central. 

En cuanto al AIJ, se empezó actuando con cautela pasando dinero —en forma de "contribución a ONGs y fundaciones"— a quienes lo atacan: el CENDA —think tank controlado por el PC—, la Fundación Sol —de similar filiación— y a activistas que difunden disparates gigantescos contra el sistema (como por ejemplo, que los directores designados por las AFP para representar los fondos en las empresas son pagados con dinero de los afiliados) y promueven el restablecimiento del infame sistema de reparto.

Video de periozurda Beatriz Sánchez que con la audacia de la ignorancia lanza diatribas anti sistema

Junto con ello, el gobierno retuvo para sí la entrega de estadísticas oficiales del sistema (sesgadas para que se reportaran pensiones esmirriadas) en una práctica que pudo haber sido corregida bajo el gobierno de Sebastián Piñera. Desconozco por qué no se hizo, aunque sospecho que el ex gobernante no comparte la obra que lideró su hermano.

Asimismo, los concertados introdujeron modificaciones tendientes a debilitar el sistema. Bajo Aylwin se eliminó la compensación por pérdida de rentabilidad (arts. 36 y 37 de ley 18481). Luego Frei desactiva la intangibilidad de los fondos permitiendo que la rentabilidad sea negativa (que los afiliados pierdan dinero, ley 19641).

El "aporte" de Lagos fue doble: creó en el 2002 los "multifondos", de modo de traspasar el riesgo bursátil al afiliado, e incrementó la esperanza oficial de vida (guarismo que sirve de base para la estimación del período a cubrir luego de la jubilación), lo cual baja automáticamente el monto de la pensión a percibir.

En su primer gobierno, Bachelet derogó el inciso final del art. 37 de la ley 18481 eliminando la cota de rentabilidad mínima y encima de eso les quitó el carácter original de inembargables, exponiéndolos a ser requisados por deudas.

Piñera echó también su palada bajando las multas a las AFP por incumplimiento de exigencias de la superintendencia.

Aunque ninguna de estas intervenciones ha echado a perder específicamente el negocio de los dueños de las AFP, todas ellas han sido parte de un proceso que claramente busca debilitar el sistema. Es evidente que si disminuye la rentabilidad y se precariza la intangibilidad de sus fondos es todo el sistema el que se resquebraja. Encima de eso, si baja el monto de las pensiones, tanto por la caída en la rentabilidad como por la extensión del plazo a cubrir, es imposible que no cunda la decepción entre los afiliados.

Y por ello resulta extraña la pasividad de los directivos de las AFP que no disputan su mejor derecho a entregar las estadísticas que la Superintendencia de Pensiones reclama para sí y tampoco salen a defender los intereses de sus clientes.

Por unos días tuve entre mis seguidores a una cuenta de Twitter que decía encargarse de las comunicaciones e imagen de las AFP en esa red. Por canal privado les propuse que enfrentaran estas cuestiones y que se esforzaran en difundir entre los afiliados la conciencia de ser propietarios de un capital. Pero tal parece que no les gustó mi sugerencia y dejaron de seguirme.

Hay una explicación para esto y es devastadora. Excediéndose quizás en el rol que el régimen les ha encargado, los agentes anti AFP han hecho públicas las listas de políticos que han ocupado plazas de directores en las compañías en las que las AFP han invertido. Y revisando ese registro, se puede comprobar que casi todos los políticos alternan sus pasadas por el gobierno o el congreso con puestos en los directorios de las empresas donde los fondos de jubilación han adquirido representación. Los directores de derecha son escasos, pero es claro que eso es porque han gobernado solo 4 años.

Es decir, ha habido colusión entre dueños de AFPs y políticos para sacar provecho mientras perjudican los intereses de los afiliados. Son millones de chilenos ignorantes de este contubernio e ingenuamente esperanzados en que sus aportes son respetados en conformidad a las garantías que primitivamente se dieron para el sistema.

Añadiendo ofensa a la herida, los concertados intervinieron el sistema de reparto que el gobierno militar dejó reservado a las fuerzas armadas y carabineros para corromperlo incluyendo un servicio público como Gendarmería y, por estos días, a la Dirección General de Aviación Civil.

Y hoy, cuando ese sistema de reparto revienta por las obscenas pensiones que se asignan políticos y favorecidos del régimen, no se encuentra mejor recurso que sentar en el banquillo de los acusados al odiado sistema de ahorro individual para la jubilación, que los propagandistas de izquierda llaman "de AFP".

Notas:
En un próximo post espero terminar esta serie revisando qué deberíamos hacer.
[16 septiembre 2016] Agregué el video en el que Lorenzini detalla las diversas modificaciones que los políticos han introducido al sistema aceptando el lobbying de los administradores con el fin de apitutarse ellos mismos.