domingo, 29 de marzo de 2015

Un proceso ideológicamente falso y totalitario

Luis Larraín (LyD)

La expresión salió a la luz hace varios años por unas facturas que habían sido pagadas por la candidatura del senador Guido Girardi. Se trataba de facturas falsificadas, y el propietario de Publicam, la empresa que las emitía, sufrió sanciones penales, así como el administrador de la campaña del senador.

El caso Penta las puso de moda nuevamente, con una variante. Ya no se trataba de facturas falsificadas, sino de facturas en que había una presunción que el servicio no se había prestado, o que éste no correspondía ya sea por costo o descripción a lo que expresaba la factura o boleta. Y allí el Servicio de Impuestos Internos (SII) se metió en camisa de once varas, porque resulta extraordinariamente difícil calificar la naturaleza e idoneidad de servicios de distinta índole y especialidad; y esa calificación, necesariamente arbitraria, podría llevar a personas a la cárcel al constituir un delito de carácter penal.

El SII cambió de criterio. Antes las boletas o facturas que merecían dudas daban origen a una sanción administrativa, y solo eran calificadas de gasto rechazado, por lo que había que pagar los impuestos y las multas correspondientes. Me aseguran algunos, y no tengo por qué dudar, que este cambio de criterio del SII empezó hace un par de años, antes del caso Penta; puede ser así, pero lo cierto es que se hizo caer, con todo su peso, sobre los imputados en este bullado caso.

De ahí llegamos al estado de cosas en que una factura de Andrés Velasco por servicios prestados a empresas Penta llevó a un allanamiento de la Policía de Investigaciones en su casa, con toda la prensa, convenientemente avisada por alguien, presente para captar imágenes y notas. No ocurrió lo mismo, que sepamos, con el actual ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, pese a que la fundación que presidía también había facturado a Penta en un período cercano a su campaña a senador, con el agregado de que la factura tenía como domicilio el de una botillería.

El caso SQM, ahora en la palestra, ha llevado al Servicio de Impuestos Internos a presentar una querella por pagos de 18 millones de pesos. Posteriormente hay una denuncia del SII que incluye a tres ejecutivos y otras nueve personas. En estos casos nuevamente aparece el concepto de ideológicamente falso, pues los dineros tras esas boletas o facturas encubrirían pagos a políticos. Otras boletas, entre ellas una pagada al actual subsecretario general de Gobierno, no merecieron al parecer esa calificación. Para tener una consecuencia penal, es mucha la discrecionalidad que se ha entregado a Impuestos Internos.

Incluso cierta prensa saca a colación facturas de Libertad y Desarrollo y de la Fundación Chile 21, que no merecen objeción del SII, porque ciertamente en estos casos no hay una imputación de falsedad ideológica (el domicilio de las facturas corresponde al de las casonas en que operan ambos think tanks, y no a una botillería). Pero, claro, presentarlas en un noticiario central de TV como pagos de SQM puede dejar otra impresión. Además, el presidente de Chile 21 es Carlos Ominami. Filtrar esos datos de la contabilidad de SQM puede ser útil políticamente. ¿Por qué ocurre algo así? ¿No podríamos calificar la presentación de esa información como ideológicamente falsa?

La filtración de información y el ambiente de caza de brujas llevan ahora a la Presidenta Bachelet a declarar que los funcionarios tienen derecho a defenderse y al ministro Peñailillo a decir que no puede ser que se persiga a personas por filtraciones.

Uno podría concordar en general con estas opiniones de las dos más altas autoridades del Poder Ejecutivo en nuestro país. ¿Pero por qué ahora? ¿En el caso Penta no aplicaban acaso los mismos conceptos?

Esa es la importancia que tiene el que las instituciones del Estado no se usen para obtener ventajas políticas ni para atacar a los adversarios.

Quizás por eso Jovino Novoa, un blanco muy apetecido por sus adversarios, ejerció su derecho a guardar silencio frente a la Fiscalía en el marco del caso Penta, señalando que solo declarará ante los tribunales. Su justificación es que estamos frente a una investigación ideológicamente falsa.

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Reproduzco este artículo porque va en la línea de mis dos últimos en este blog. Ojalá más gente despierte y se de cuenta que estamos frente a una descarada persecución política disfrazada de investigación judicial. Y que, en el panorama general de imponer reformas de corte centralista y totalitario, si esta operación para liquidar a la oposición consigue su objetivo entraremos en un régimen proto-dictatorial totalmente en la línea del grupo de regímenes castro-chavistas al que pertenece en alma y vida el grupo hoy en el poder.

12 comentarios:

  1. Tenías razón. Eso no más puedo decir. También espero que el director de LyD se den cuenta del carácter totalitario de ese gobierno.

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    1. En realidad, la UP/DC cuenta con nuestra cultura de acatamiento a la ley al actuar de los jueces. Por eso cuesta admitir que la administración de justicia se preste para una maniobra tan deleznable.

      A muchas otras cosas tendremos que ir acostumbrándonos.

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  2. Con todo lo que está pasando se debería pensar en un plan B (incluso en un plan C) para protegerse uno mismo y proteger a la familia en caso de que la situación política vaya a peor tal como el caso de Venezuela, Argentina o España. Algo que contemple desde un plan de resilencia hasta uno de emigración si se llega a un punto de no retorno.

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    1. Es lamentable que estemos pensando en una vía de escape por no tener una opción política disponible que presente combate a la UP/DC. Es una vergüenza

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  3. Les suena la AFIP (Agencia Federal de Impuestos)?. Es la policia política que usan en Argentina para perseguir a sus oponentes. Parece que por acá adoptaron las mismas costumbres.

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  4. Todo este "circo" montado por la nueva alcantarilla, junto con obedecer a las ordenes del Foro de Sao Paulo, pretendió buscar la manera de aniquilar a la oposición (ya lo hizo el payaso 24/7 con lo de los "complices pasivos") pero en la práctica terminó reventandoles en la cara pues las aristas también apuntan a la corruptocracia de la izquierda.

    Como ahora el zurderío tiene el control de los entes del estado.

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    1. Este control casi total del aparato del estado, de sindicatos, de las ONGs y del Congreso es lo que PRINCIPALMENTE debió evitar Piñera. Prefirió dejar las cosas como para volver el 2018 y hacernos pagar este costo. Lástima que tan poca gente tenga claridad al respecto.

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  5. Comentario publivado en el diario "El Pais":

    El ABC de la corrupcion.

    Un fantasma recorre el sur de América Latina: el fantasma de la corrupción. La coordinación con la que se fantaseó cuando en el poder de Argentina, Brasil y Chile se establecieron presidentas de signos políticos afines fue sustituida por un eje menos edificante. Cristina Kirchner, Dilma Rousseff y Michelle Bachelet están envueltas en escándalos. Como de costumbre, las desviaciones morales se vuelven más visibles a contraluz del malestar económico. La prosperidad que habían prometido el kirchnerismo, el PT y el socialismo se ha vuelto muy dudosa. Antes de alcanzar el ideal de la república igualitaria, las sociedades sudamericanas quedaron atrapadas en las miserias de una república deshonesta.

    La de Chile es una pesadilla inesperada. Comenzó en agosto pasado, cuando se descubrió que Penta, un holding financiero e inmobiliario, facturó servicios inexistentes para financiar a dirigentes de la Unión Demócrata Independiente, una fuerza de derecha. Hubo derivaciones sorprendentes. Se descubrió que la empresa Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich) había suministrado fondos irregulares a algunos legisladores de Nueva Mayoría, la alianza de izquierda que lidera Bachelet. Una conexión escabrosa: Soquimich pertenece al exyerno del dictador Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou. La oleada alcanzó a Bachelet cuando se supo que Natalia Compagnon recibió un crédito del Banco de Chile de 10 millones de dólares, destinado a comprar terrenos rurales, que fueron revendidos después de una recalificación para uso urbano. Compagnon fue acompañada por su esposo, Sebastián Dávalos Bachelet, hijo de la presidenta. En la operación ganaron alrededor de dos millones de dólares.

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  6. Dilma Rousseff debe mirar ese nueragate como un juego de niños, al lado de su propio terremoto: Petrobras. Y se insinúa un nuevo pozo negro en el Ministerio de Finanzas. El fin de semana pasado los empresarios en prisión llegaron a 20. Petrobras no presenta sus estados contables porque desnudaría fraudes por 10.000 millones de dólares. Ya hay 42 políticos involucrados, casi todos de la alianza gobernante. La propia presidenta ha sido despeinada: varias empresas sospechadas financiaron su campaña; y cuando fue ministra de Lula da Silva presidió el Consejo de Administración de Petrobras.

    Antes de alcanzar el ideal de república igualitaria, las sociedades sudamericanas quedaron atrapadas en las miserias de una república deshonesta
    Las andanzas de la argentina Cristina Kirchner no trascienden la esfera familiar. El contratista de obra pública Lázaro Báez, señalado como testaferro de la presidenta y de su esposo, el fallecido Néstor Kirchner, está siendo investigado por lo que sería una gigantesca operación de lavado de dinero. Báez acostumbraba a alquilar costosas habitaciones en hoteles de los Kirchner. Se presume que esos pagos retornaban al matrimonio convertidos en sobornos. Sólo en seis meses se habrían girado a sociedades off shore más de 10 millones de euros.

    El impacto de estos escándalos es más agresivo por la procedencia política de Kirchner, Rousseff y Bachelet. Las tres llegaron al gobierno con las banderas de la izquierda y, por lo tanto, con el compromiso de modificar el vínculo entre el Estado y el mercado, entre el poder y los negocios. En el ABC de la indecencia que han formado Argentina, Brasil y Chile hay que dar la cara por la desviación de fondos mientras se administran economías estancadas.

    Bachelet es la más mortificada. En Chile la corrupción es inusual. El país ocupa el puesto 21/175 del ránking de Transparencia Internacional. Brasil está en el lugar 69 y Argentina en el 107. Además, para la izquierda haber tocado una moneda ligada a Pinochet es una vergüenza insoportable.

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  7. El PT de Rousseff, en cambio, perdió el candor en 2005, con el mensalão, que llevó a prisión a varios de sus directivos. Y para el kirchnerismo el escándalo constituye un hábitat natural: entre 2003 y 2008 los Kirchner ya habían multiplicado su patrimonio 578 veces.

    La diversidad de antecedentes determina la disparidad de expectativas. Por eso la corrupción tiene una proyección distinta sobre la política en cada país. La imagen positiva de Bachelet se derrumbó en un año del 60 al 30%. Dilma está en un infierno que sólo experimentó Fernando Collor: 13%. Los brasileños preparan otra marcha contra ella para el 14 de abril. En cambio Cristina Kirchner, que también soportó movilizaciones, conquista el beneplácito del 47% de la población. El resto la condena.

    Bachelet es la más mortificada. Para la izquierda haber tocado una moneda ligada a Pinochet es una vergüenza insoportable
    La hipótesis más elemental para desentrañar las divergencias es que los argentinos toleran la corrupción mucho más que los chilenos y los brasileños. Según la consultora Isonomía, sólo el 10% cree que el problema es más grave que la inseguridad o la inflación.

    También influyen las estrategias para lidiar con la crisis. Bachelet se flageló en público. Despidió a su hijo y proyectó un refuerzo en los controles sobre los funcionarios.

    Cristina Kirchner, en cambio, jamás ofrece explicaciones. Prefiere denunciar un complot de los medios, las empresas y el "partido judicial", para boicotear su gestión, destinada a los desamparados. En otras palabras: para la presidenta argentina las denuncias de corrupción son una coartada de "ellos", los privilegiados, contra "nosotros", los garantes de la igualdad. Esta descripción supone una política: el kirchnerismo renunció a representar a los sectores medios, que son los más indignados con la malversación de sus impuestos.

    Dilma es un personaje en transición. Reconoció irregularidades y anunció reformas. Pero el PT se está kirchnerizando. Convocó a salir de casa para defender al gobierno. Y ayer su presidente, Rui Falcao, repitió la tesis argentina: los sectores concentrados y la prensa pretenden condicionar la voluntad popular. Renace la denuncia de Lula: hay un ataque de las "élites blancas".

    La deriva de Rousseff es enigmática. La polarización hace juego con el mapa electoral: Brasil está partido por la mitad. El norte, subsidiado, votó al PT. Y el sur, más acomodado, pidió el cambio. ¿Caerá Dilma en la tentación de Kirchner? ¿Gobernará para uno solo de esos dos países? Joaquim Levy, el ministro de Hacienda, se debe estar haciendo la pregunta. Él tiene que seducir con su política económica a aquéllos a los que están demonizando.

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    1. Está muy bueno esto, lo difundiré en Twitter. Gracias por la información.

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