Lo grave del caso Penta.

La del "caso Penta" es una operación de gran magnitud. Al protagonismo del Fiscal Nacional que se ha involucrado arrastrando todos los recursos del organismo, se han sumado todo el aparato comunicacional que controla el gobierno y los departamentos de prensa de toda la TV y de la casi totalidad de los medios.

Lo que se busca es instalar este caso como el foco de los males de la corrupción, con el obvio propósito de distraer la atención de las verdaderas pústulas corruptivas que, casi sin excepción, involucran a las autoridades y agentes del gobierno.

Pero ¿es el caso Penta uno de corrupción?

Si entendemos por corrupción el mal uso de fondos públicos, este caso no lo es. El objetivo del Fiscal designado por Bachelet en su primer período es presentarlo así, como que las platas que Penta pasó a algunos candidatos de derecha fueron extraídas de los impuestos que correspondía pagar. Pero eso no es posible determinarlo. Si Penta pasó dinero a esos candidatos (entre los cuales está Undurraga, el ministro de obras públicas en ejercicio) y luego, cuando se le denunció, depositó en arcas fiscales los faltantes que se le podía reclamar, se está ante irregularidades tributarias, una falta que hasta ahora se ha resuelto siempre de esa manera.

Las únicas veces en las que ha habido prisión han sido cuando el contribuyente pillado en falta no ha tenido fondos para pagar.

Agregando presas a la cazuela que cocina el gobierno, se dice que Bachelet "ha designado" una nueva comisión que se encargará de proponer medidas anticorrupción. Las ONGs de izquierda (como "Ciudadano Inteligente", que dirige un mexicano) se suman reclamando que la ciudadanía ha sido engañada y que los candidatos que recibieron dineros de Penta deberían perder sus cargos.

Todo esto mientras, de fondo, resuena incesante el alboroto de los "indignados" dirigentes de la UP/DC entre los cuales destacan los más corruptos de toda la nomenclatura política (que gozan de sus cargos luego de financiar sus campañas exactamente del mismo modo, pero además, explotando el aparato público para pensiones y dineros de ayuda social), pidiendo la cabeza de los parlamentarios de derecha acusados de recibir platas de Penta.

Para mí, lo verdaderamente grave del caso Penta es que se le está usando para dos movidas gravísimas que se están desarrollando frente a nuestros ojos:

1. Se está echando tierra sobre los ya incontables casos graves de verdadera corrupción que han tenido como cereza del postre la compraventa irregular de terrenos con utilidades obscenas de la familia de Bachelet. Este caso es de tal gravedad que de por sí amerita una acusación constitucional a la Presidente, que tuvo el descaro de declarar absoluta ignorancia del mismo. Pero, siendo que la operación tomó un año para completarse involucrando tanto al aparato administrativo bajo su responsabilidad, como contactos del más alto nivel para conseguir apoyo bancario no disponible para ningún otro chileno, es del todo imposible que eso sea cierto y debe ser sometida a proceso para determinarlo.

2. Se está maniobrando para restar legitimidad a la representación parlamentaria derechista y volver así imposible su repostulación, lo que, sumado a los cambios electorales que fortalecen su presencia en los distritos donde son mayoritarios, dejaría a la UP/DC con una ecuación de poder comparable sólo con la de sus socios del club castro chavista en Venezuela, Ecuador, Bolivia o Argentina. En este aspecto, los "socios" de la UDI ven también la oportunidad de aumentar su tajada del pastel.

La impunidad de la cúpula UP/DC y Bachelet en la corrupción, más la eliminación por secretaría de representantes opositores son serias amenazas a la institucionalidad y a la democracia.

Es para mí muy llamativo que los dirigentes bajo ataque no recojan estas amenazas ni las difundan. Esta estupefacción de la derecha quizás sea la más grave de todas las consecuencias del caso Penta, que nos podría costar muy caro a todos los chilenos.