Hacia la educación socialista

por José Joaquín Brunner

Estamos ante un planteamiento paradójico. Se propone trasladar el peso de gravedad del sistema educacional hacia proveedores educacionales más centralizados y distantes de las comunidades locales y hacia universidades y CFTs estatales; asegurar en estas instituciones estatales la gratuidad del servicio, incluso para los más ricos; reducir o terminar con las evaluaciones externas del aprendizaje del tipo Simce y, en general, aumentar el gasto público asignándolo a la oferta al mismo tiempo que se reduce la proporción destinada a subsidiar la demanda educacional de las personas y las familias.

Resulta paradójico este planteamiento porque erige como ideal el statu quo educativo existente en la mayoría de los países latinoamericanos —como Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú o Uruguay— cuyos resultados, sin embargo, son inferiores a los que en la actualidad obtiene nuestro país. Nada hay tampoco de novedoso en este modelo, ni se asemeja al acariciado sueño finlandés. Más bien es una invitación a caminar hacia atrás.

Efectivamente, en América Latina, en promedio, un 50% de los estudiantes a los quince años no domina las mínimas competencias de comprensión lectora frente a un 31% en Chile y un 19% en los países de la OCDE (PISA, 2009). La población chilena tiene 11,6 años de escolarización, contra 9,4 en el resto de Latinoamérica. Un 28,6% completa al menos un año de educación terciaria frente a un 15,8% en el resto de la región (BID, 2013). Entre los adultos jóvenes, de 25 a 34 años, Chile ostenta un 41% de profesionales y técnicos, comparado con 39% en los países de la OCDE y menos de 20% en América Latina (Unesco, 2013).

La tasa neta de participación de jóvenes chilenos pertenecientes al quintil de menores ingresos en la educación terciaria alcanza a un 21,2%, la segunda mejor de América Latina después de Venezuela —cuya estadística en este aspecto se halla fuertemente cuestionada— frente a un tasa promedio de 8,7% para los demás países latinoamericanos (Sedlac, 2013). Asimismo, la distribución de años de educación entre los jóvenes adultos (21 a 30 años de edad) es la más equitativa de la región (con un Gini de 0,122), comparado con un Gini de 0,234 para los demás países de la región (17) con datos comparables (Sedlac, 2013).

En términos cualitativos, PISA ubica a los estudiantes chilenos en el primer lugar de América Latina en comprensión lectora y ciencia y segundo después de Uruguay en matemática (OECD, 2010). A su turno, un informe de McKinsey (2010) incluye a la educación chilena como caso de estudio de los países que a nivel global muestran un avance significativo de mejoría en los resultados de aprendizaje de sus alumnos, ascendiendo del nivel bajo al intermedio. En cuanto a la educación superior, el ranking de Universitas 21 ubica al sistema chileno en el primer lugar entre los cuatro sistemas latinoamericanos incluidos (Argentina, Brasil, Chile y México), considerando recursos, resultados, conectividad y medio ambiente regulatorio.

Por último, cabe notar que el gasto total en educación de Chile —fiscal y de los hogares— relativo al PIB se sitúa por encima del promedio de la OCDE, en tanto que en el nivel terciario es uno de los más altos del mundo: casi un punto porcentual superior al del promedio de dichos países (OECD, 2013). Aun así se necesita incrementar el componente público de dicho gasto en los niveles preprimario, primario y secundario para aumentar el efecto compensatorio de desigualdades de la educación temprana y escolar.

Visto este cuadro, ¿qué razón justifica salir al encuentro de un modelo cuyo rendimiento promedio es claramente inferior al del sistema educacional chileno?

¿Acaso la gratuidad de la educación terciaria en favor de los hijos del quintil más pudiente no terminará perjudicando las oportunidades para los niños y jóvenes de menores recursos y capital cultural?

De abandonarse las evaluaciones externas, ¿se vería favorecido nuestro sistema escolar o más bien perjudicado, como creo yo?

Un trato preferencial para los establecimientos denominados del Estado, ¿mejoraría la calidad y disminuiría los niveles de desigualdad o, por el contrario, solo reforzaría el burocratismo y la segmentación social? ¿Podría mantenerse la fuerte inversión educacional al traspasarse íntegramente a la renta nacional?

En breve, lo que se propone es una revolución al revés.