Los supremos son los peores

por Hermógenes Pérez de Arce

Hace dos años la encuesta CEP revelaba que apenas un 23 por ciento de los chilenos confiaba en los Tribunales de Justicia; eran la institución peor evaluada, superando sólo al Congreso y a los Partidos Políticos. Pues bien, en la última encuesta CEP los que confiaban en los Tribunales habían bajado al 13 por ciento, si bien todavía superaban al Congreso y los partidos, en los cuales no confía casi nadie.

¿Y cuáles eran (y son) las instituciones mejor evaluadas? Primero, Carabineros; segundo, Fuerzas Armadas. Es que la gente algo sabe o recuerda.

Tal vez ese descenso de la confianza en los Tribunales tenga que ver con lo que ellos les hacen a integrantes (hoy pasivos) de Carabineros y Fuerzas Armadas.

Pues ¿se puede creer en jueces que faltan abiertamente a la verdad en sus sentencias, para condenarlos? Eso es público y notorio. La segunda sala de la Corte Suprema ha ordenado al general (r) César Manríquez Bravo, octogenario y enfermo, entrar a cumplir cinco años de presidio efectivo, porque lo inculpa de haber participado en la detención del ingeniero Héctor Vergara (MAPU), hace 38 años ¡y de mantenerlo secuestrado hasta hoy!

Los ministros de la segunda sala son Milton Juica, Juan Araya, Carlos Künsemueller, Haroldo Brito y Emilio Pfeffer (abogado integrante). Ellos saben —y todo Chile sabe— que el general Manríquez no tiene secuestrado hoy a Vergara. ¿Por qué ellos afirman que sí? La respuesta es obvia: porque es un ardid para no cumplir la ley que los obligaría a sobreseer a Manríquez por amnistía o prescripción. Si urden que él mantiene secuestrado hoy a Vergara, el general (r) no puede alegarlas. Pero esto también es absurdo, porque la base del Derecho Penal es la presunción de inocencia, es decir, ellos tendrían que probar que está teniendo lugar el delito de tener secuestrado hoy a Vergara, y no lo han hecho ni podrían hacerlo porque nada de eso es verdad, y todos lo sabemos.

¿Así es que ellos, nosotros y todos sabemos que no es verdad y que es ilegal, pero lo aceptamos y no hacemos nada? Por supuesto ¿en qué país vive usted? ¿De cuándo acá hay que decir la verdad y respetar las leyes? Estamos en Chile, amigo, ubíquese, por favor.

Además, para dar fuerza a su anterior falsedad, esos ministros añaden otra más, y discurren un segundo ardid para eludir las leyes de amnistía y prescripción, por si no funcionara el primero: han dicho en su fallo que el delito cometido en 1974 contra Vergara es "de lesa humanidad", es decir imprescriptible. Pero ellos saben que en 1974 no existían en Chile los delitos de lesa humanidad, no estaban tipificados en ninguna ley ni en ningún código. Y el derecho penal inmemorial consagró, hace miles de años, que "no hay delito ni pena sin una ley previa escrita". Los delitos de lesa humanidad fueron tipificados en Chile por primera vez por la ley 20.357, de 2009, uno de cuyos artículos dice (aunque no necesitaba decirlo) que sus disposiciones no se aplicarán a hechos anteriores a su vigencia.

Todos sabemos que los jueces están al cabo de estas cosas, pero ellos de todas maneras proceden a contravenirlas como si nadie se fuera a dar cuenta.

Si usted falta a su deber y, al mismo tiempo, no dice la verdad, y con ello le ocasiona un agravio menor a alguien, usted no es una buena persona. Quienes sepan lo que usted ha hecho no le tendrán confianza. Pero si usted falta a su deber, falta a la verdad y le ocasiona un agravio mayor, ilegal e injusto a un octogenario enfermo, usted es definitivamente una mala persona, indigna de que la gente le tenga siquiera un mínimo de confianza.

Los jueces de primera y segunda instancia, en el caso del general (r) Manríquez, contravinieron las leyes y la verdad, pero sólo le impusieron condenas que él podía cumplir en libertad, aunque la ejerciera nada más que para tratar su enfermedad en una clínica. Tuvieron alguna conmiseración. Los jueces de más arriba, en cambio, los supremos, no tuvieron ninguna y no se contentaron con desconocer las leyes chilenas, el derecho penal ancestral y la verdad, sino que impusieron al general (r) Manríquez una condena de presidio efectivo que él debe entrar a cumplir.

Al menos dos decanos de universidades, ambos distinguidos penalistas, han impetrado públicamente de la Corte Suprema que ejerza la superintendencia correccional y disciplinaria de que está dotada por la Constitución para poner atajo a las arbitrariedades manifiestas en que incurren los jueces en procesos contra quienes combatieron la subversión.

¡Vana imploración, cuando precisamente los supremos son los que se encargan de tornar más agraviantes los atropellos a la verdad y la juridicidad cometidos por sus inferiores!