El transantiago tributario

Orlando Sáenz

Gobernar un país como Chile, en pleno siglo XXI, es tarea seria para gente seria y, por tanto, todos los chilenos tenemos derecho a esperar que una materia tan delicada y compleja como es una profunda reforma tributaria sea presentada, justificada y tramitada con toda la seriedad que el asunto y la ciudadanía merecen.

Y la forma seria de hacerlo es con una ineludible secuencia que señale: "Necesitamos tales recursos adicionales para tales precisas utilizaciones, en tal preciso tiempo y vamos a acotar los efectos negativos de corto plazo que sabemos se producirán con tales y cuales paliativos. Tenemos conciencia de que vamos a afectar la velocidad del desarrollo económico, pero no más allá de este preciso límite y para obtener tales y cuales beneficios en tales y cuales plazos, de modo que estamos seguros de que el balance final de pérdidas y ganancias será positivo y redundará en un país más próspero y más feliz".

Basta la enumeración señalada para reconocer la falta de seriedad con que esto ha comenzado a hacerse. Prácticamente lo único que está claro es el monto de la recaudación adicional que se pretende alcanzar mediante una serie de deshilvanadas medidas que van desde gravámenes adicionales a las bebidas con azúcar hasta la supresión del mecanismo que ha permitido el volumen de inversión productiva que posibilitó el espectacular despegue del país, desde la situación de quiebra de 1973 al exclusivo club de los países desarrollados en 2012.

Todo lo demás es una gran nebulosa en que los principales ítems de aplicación anunciados, como la reforma educacional, no están ni siquiera consensuados en sus detalles con la propia coalición de Gobierno.

Para completar el liviano inicio de esta trascendental Legislación, los personeros de Gobierno se niegan a reconocer efectos negativos, tachan de "campaña del terror" las advertencias en ese sentido y aun pretenden convencer a muchos con afirmaciones tan absurdas como que el desarrollo nacional, lejos de ralentizarse, se acelerará todavía más con las medidas tributarias que se proponen.

Esa pretensión es completamente falsa, porque basta saber sumar y restar para reparar en que, como el efecto último de todo impuesto es traspasar recursos del sector privado al público, lo propuesto tendrá efectos sobre la expansión productiva en toda la parte de esos recursos traspasados que hoy refuerzan la inversión. La única forma de evitar que eso ocurra sería que el Estado invirtiera una cifra equivalente, también productivamente, lo que ciertamente no es el caso.

Otra forma de anular el efecto negativo sobre el crecimiento que tendría la reforma tributaria planteada sería buscando caminos para que la inversión extranjera cubriera el déficit producido en la nacional. Pero no solo no se proponen medidas para ello, sino que todo apunta a hacer esa inversión menos atractiva y más insegura, dada la inestabilidad regulatoria que plantea. La propuesta derogación del Decreto 600 es un buen ejemplo de ello, sobre todo porque huele a obstaculización del retiro de las utilidades y del capital invertido.

Por otra parte, el negar los transparentes efectos negativos sobre el desarrollo económico y estigmatizar las advertencias al respecto es algo completamente innecesario. Todos estamos de acuerdo en que es aconsejable y urgente un esfuerzo para reforzar la capacidad erogativa del Estado en beneficio de los más postergados por el progreso económico global. De esa manera, esas advertencias no tienen más propósito que encauzar la reforma por el camino de una discusión seria y responsable, para implementarla de una forma que amortigüe los efectos negativos -que hay que reconocer y asumir- y optimice y acelere los positivos.

Es el poco serio camino por el que vamos el que explica la prisa por despachar la reforma lo antes posible, incluso aplicando la aplanadora. Como son muchos los que en este país saben sumar y restar, es conveniente la prisa porque cada día que pasa se evidenciarán aún más los efectos contraccionales que ya genera la enorme incertidumbre que el Ejecutivo ha sembrado. De otra manera, hasta los pobres, que según el Ministro de Hacienda aprueban su propuesta de reforma tributaria, terminarán por comprender que, tal como está planteada, es "pan para hoy y hambre para mañana".