Justicia y Contraloría, la oposición incontestable

Más que por las protestas violentas, la actualidad nacional se ha visto sacudida por una desconocida forma de despotismo en la que hasta ahora pocos reparaban, mucho menos el gobierno: resoluciones judiciales y de contraloría que desafían la lógica y el recto sentido de la justicia.

Todo ello en un ambiente de complicidad de instituciones que se supone deberían reaccionar con energía para rechazarlas.

No son personas ni casos aislados. En el pasado hubo resoluciones judiciales de espuria justificación en coimas o en presiones indebidas, Patricio Aylwin protagonizó una de ellas a comienzos de los 90.

Pero ahora se trata de toda una operación concertada de origen político ideológico que —entre otros objetivos— dificulta la gestión del presente gobierno en la lucha contra la inseguridad ciudadana, pérfido legado de la administración pasada que introdujo y puso en carrera a estos jueces que hoy actúan en su favor.

Al asumir su período, Patricio Aylwin despachó un oficio a la Corte Suprema exigiendo que los jueces no consideraran la Ley de Amnistía (que inhibía a los jueces de iniciar procesos por excesos represivos hasta 1978) sino hasta la etapa penal. Esta intromisión absolutamente anticonstitucional no fue debidamente combatida por la oposición de entonces, hoy en el gobierno, con resultados pavorosos en la aplicación de la recta justicia en casos que se han rotulado como de "derechos humanos" (que en la práctica son juicios que arrasan con los derechos humanos de los militares).

Siendo que los afectados por estos increíbles abusos son relativamente pocos, la conciencia nacional ha estado adormecida por la extendida prevaricación de nuestros tribunales. No habiendo reacción enérgica, una vez abierta la compuerta el flujo de abusos sólo puede aumentar.

Y es lo que hemos visto en los procesos por asesinatos y violencia terrorista, que originan la persecución del sector contrario a los militares. En estos juicios el celo de los jueces por los derechos de los acusados llega a la caricatura y los resultados son espeluznantes. Muchos connotados crímenes han quedado impunes, con los hechores gozando de penas irrisorias (como extrañamiento a Europa) o simplemente exonerados de toda culpa.

En los casos por actos de terrorismo, con colocación y explosión de bombas, se ha llegado al extremo de exculpar a los acusados dejándoles libres con derecho a recurrir de indemnización en contra del Estado. Y, visto que tal proceder ha sido un claro incentivo para la reincidencia, en los nuevos casos los jueces se esmeran en desacreditar testimonios y documentación aduciendo —de oficio (sin que medie recurso de terceros)— tecnicismos que las despojen de peso probatorio. En esta línea la jueza de la foto (de reconocida postura de izquierda) ha llegado al extremo de desechar un cúmulo de pruebas antes de comunicar a los fiscales que mantiene una deuda con uno de los acusadores (un banco) por si quieren recusarla (apartarla de participar en este proceso) sobre esa base.

En otra línea, una señal de alarma generalizada la levantó una resolución judicial que abortó el proceso administrativo para la instalación de una central de generación eléctrica, respondiendo a activistas ambientalistas que invocaron el derecho de protección que consagra la Constitución de 1980. Un inciso de su art. 20 señala que se puede recurrir de protección "cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto arbitrario e ilegal imputable a una autoridad o persona determinada". El tribunal invocado acogió el recurso, pero no habiendo actos arbitrarios ni ilegales que fallar resolvió abocarse al conocimiento de los antecedentes técnicos (de dominio de la autoridad ambiental) de un proyecto que no estaba aún aprobado ni menos implementado y que, por lo tanto, no podía todavía afectar materialmente ningún derecho de los recurrentes.

El efecto, sin embargo, fue en extremo significativo, tanto en el impacto económico del proyecto mismo como en las negras expectativas que se abren a partir de la incursión de la Corte Suprema en el tema ambiental, arrasando como si nada con la institucionalidad vigente y proyectando una seria amenaza a nuevas iniciativas.

Este mismísimo caso (aunque de mucho menor envergadura económica) se volvió a editar anteayer cuando frente a otra denuncia, esta vez por el mal manejo de basuras de un recinto penitenciario (cuestión que debió llevarse a la autoridad sanitaria de la jurisdicción local), la Corte resolvió determinar cómo y cuando debía procederse en esa minúscula materia, de nuevo invadiendo la institucionalidad del sector.

Hoy supe que una Corte de Apelaciones de Santiago aceptó a trámite para analizar la nulidad de la licitación de unos yacimientos de litio (estimados en el 1% de los reservorios), acto de índole netamente administrativa que se cumplió muchas veces bajo el régimen anterior respecto de diversos tipos de yacimientos, pero los mismos que antes los consideraron no gravosos hoy recurren a las cortes en la seguridad de que sus amigos les harán el favor de desacreditar otra acción del gobierno y de que se podrá añadir más carga al ominoso futuro que se ha conseguido para frenar las inversiones en este período.

De otro lado, el Contralor (designado bajo el régimen pasado y que condonó incontables abusos de esa administración) ha resuelto que los agentes del llamado Instituto Nacional de los Derechos Humanos (entidad creada por la actual oposición en las postrimerías de su gobierno que es controlada por las ONGs de izquierda financiadas con dinero pasado también en las postrimerías del gobierno pasado), ingresen a los buses y recintos de la policía para constatar que los detenidos por violencia callejera no sean sometidos a lo que ellos consideren abuso.

Este mismo Contralor fue el que calificó a la organización terrorista MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) como "pequeña empresa que por la acción del gobierno militar debió cerrar sus actividades", con lo cual sus ex "empleados" pasaban a tener categoría de "exonerados políticos" con derecho, cada uno de ellos (y mediante nómina secreta entregada por uno de sus líderes) a una pensión de por vida.

Con toda razón los congresistas de izquierda se ven muy confiados del éxito de su recurso judicial. Tan satisfechos y confiados como el terrorista Niemeyer, como el demolicionista Pitronello y sus amigos anarquistas que tanto celebraron con sus abogados, seguros de que ahora la justicia está de su parte, es decir, hace oposición ciega, férrea y combativa a la derecha.

Y ahora estamos lo que se llama solos.

Anteayer el Presidente Piñera visitó a Patricio Aylwin. Sí, el mismo que presionó inconstitucionalmente a los tribunales para que en juicios contra militares se evadiera la ley de amnistía y los terroristas y sus familiares se hicieran de cuantiosas indemnizaciones (1.500 millones de dólares, según comisión de la ONU).

El Presidente fue en persona a su casa para invitarlo gentilmente a La Moneda.

Vaya uno a saber qué festejan. Los chilenos no estamos para ningún jolgorio.