Legado de Piñera. Otra contribución a la economía corsaria.

Ayer se aprobó la ley 20.729 que obliga al empleador a sugerir, en cada cuenta de consumo, el monto correspondiente a una propina de a lo menos el 10%, a pagar por el cliente, salvo que éste manifieste su voluntad en contrario. Es decir, se repone la antigua "propina oficial" que el Chile socialista imponía antes de la llegada de los Chicago Boys, quienes terminaron con esta y otras boludeces que distorsionaban la libertad de convenir un servicio entre proveedor y usuario.

Vuelto el gobierno de derecha, esperábamos que algo similar se hiciera con la patente de corso de los carteros, que en Chile cobran a cada destinatario un monto por carta conducida a su domicilio. Y como resulta que la correspondencia suele ser nutrida y no siempre el destinatario está disponible para pagar esa conducción, típicamente el cartero "conviene" con el usuario una tarifa plana mensual que sumada a la plata que recauda por cada casa y departamento de su territorio se convierte en un ingreso no declarado pero obscenamente superior a su sueldo.

Pero nada, los carteros siguen gozando de este corso que convierte su empleo en un negocio que se defiende hasta con la vida o bien se hereda.

También los Chicago Boys habían eliminado el esquema de las "nombradas" en los puertos, que entregaba el trabajo de los obreros a un sindicato que repartía los contratos, asegurando una parte para sí misma y un jugoso sueldo al titular. Tan jugoso que éste a menudo prefería dedicarse a la bartola o explotar otro negocio y pagarle a un tercero para que ejecutara su trabajo como "medio pollo". Y, aún así, tan jugoso que aún este medio pollo podía enviar a otro tercero o "cuarto de pollo" a trabajar mientras se dedicaba a tareas más remunerativas.

Hace pocos días pudimos enterarnos de que esta deshonesta práctica se ha repuesto, para beneplácito de los que obtienen beneficios políticos de alinearse con estos sindicatos y los corruptos dirigentes que habitualmente se instalan en estas organizaciones.

Este tipo de actividad, que permite explotar en beneficio de un corsario (un "nombrado" o agraciado con la matrícula, permiso o patente) una norma que debilita la libertad de contratación, incluye además a los taxistas, que pagando menos que un particular tienen el derecho a explotar el uso de las calles en su beneficio, sin que deban garantizar la calidad del servicio y exentos, como es típico en la actividad corsaria, de pagar el impuesto a las rentas percibidas.

Incluye también a los notarios, a los conservadores de bienes raíces, a los lobistas y a muchos otros que se mueven con astucia para lograr estas patentes de corso que los favorece arbitrariamente respecto de los chilenos que cobran sueldos o perciben rentas por el trabajo efectivamente aportado, sin normas excepcionales que custodien su actividad en contra del derecho o interés de otros y que encima están obligados a declarar cada año y pagar los impuestos que corresponda.

El "legado" que tanto se esfuerza don Sebastián Piñera en promover por todos los medios y que exige a la coalición que le instaló en el poder que se sume a esa promoción, no incluye ninguna medida que restaure el talante de nuestra economía libre y abierta, con igualdad de oportunidades para todos, como se estableció desde fines de los años 70 del siglo pasado, con resultados espectaculares para nuestro desarrollo.

Al contrario de lo que esperaban los que instalaron a la derecha en el poder, se ha reforzado la economía corsaria y se ha incrementado la carga impositiva para los chilenos que no pueden eludirla incrementando beneficios sociales a los que, de nuevo, son más audaces para impetrarlos.

Es decir, salvo en la izquierda, el país no tiene ningún legado que celebrar.